Poderío criminal: Sexenio tras sexenio, crece la caza de líderes
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Están asesinando candidatos... y ambientalistas, periodistas y defensores de diversos derechos. La cacería ha ido creciendo sexenio tras sexenio.
Para dar un panorama general al lector, ofrezco algunas cifras todavía tentativas, pues las organizaciones de la sociedad civil o los centros de investigación que las elaboran no tienen acceso a toda la información y el Gobierno Federal no tiene una base de datos de este tipo, como si quisieran minimizar lo que está pasando.
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En todo el sexenio de Vicente Fox ejecutaron a 5 ambientalistas y 6 defensores de DH; en los primeros cinco años de esta administración ya van 113 y 142. Para entender mejor los patrones, tras estas muertes coordiné, en El Colegio de México (El Colmex), un estudio sobre el asesinato de 32 candidatos durante el proceso electoral 2020-21 (“Urnas y tumbas” de Manuel Pérez y Roberto Roldán; disponible a partir de las 12:00 en la página web del Seminario sobre Violencia y Paz).
Según esta investigación, la mayoría de los candidatos muertos disputaban cargos locales, se oponían a los presidentes municipales o los gobernadores de las entidades o expusieron algún negocio criminal y/o corrupción oficial. Nueve de los 32 pertenecían a Morena, que fue el partido más afectado. Las 32 investigaciones realizadas, que se harán públicas en los próximos meses, confirman la existencia de redes de complicidad entre criminales y gobernantes, la indiferencia de las dirigencias de los partidos políticos y la opacidad y tortuguismo de las fiscalías. Hubo candidatos cercanos a bandas criminales, pero la mayoría eran líderes locales. En estos pondré el acento.
Ahora bien, los candidatos son las víctimas de primera; los otros parecen estar en un nivel inferior. Cuando la ola de asesinatos se hizo evidente en el ciclo electoral 2020-21, el Presidente ordenó, en febrero de 2021, la creación de un programa de emergencia para protegerlos. La estrategia, implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tuvo recursos suficientes para proteger a los candidatos amenazados, lo cual posiblemente influyó en una caída en el número de muertes: en marzo de 2021 mataron a 10 y en abril solamente a dos. Para este ciclo electoral, la SSPC, el INE y la Guardia Nacional están a punto de concluir un proyecto que contará, una vez más, con recursos suficientes.
El Gobierno Federal trata peor a las víctimas de los otros gremios. A los ambientalistas, periodistas, buscadoras, etcétera, los protege el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que coordina la Secretaría de Gobernación. Fuentes conocedoras de lo que sucede al interior de esa dependencia me dicen que el presupuesto que reciben es insuficiente para atender las crecientes demandas de protección. Una absurda diferenciación porque entre los muertos predominan los líderes locales que defienden el interés general criticando las extorsiones criminales o las corrupciones oficiales.
¿Cómo proteger a quienes se enfrentan a la violencia y la corrupción? Para responder a esta pregunta, el Seminario sobre Violencia y Paz y otras organizaciones hemos tenido reuniones con el fin de comparar experiencias y explorar alternativas. Hay consenso sobre la necesidad de entender mejor la lógica y los métodos de los criminales, las acciones o declaraciones de quienes fueron ejecutados, la reacción de la sociedad y las autoridades.
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Con esta información se podrán diseñar programas de autodefensa para reducir las posibilidades de ser asesinado. También es posible difundir lo que está pasando, dialogar con aquellos funcionarios federales o locales preocupados por el asesinato de liderazgos locales y llevar estos casos ante los organismos multilaterales y los gobiernos y sociedades de otros países. Cuando se afinen los acuerdos se informará públicamente.
La violencia está desatada en México porque ha crecido el poderío criminal y la estrategia federal no está funcionando. Sería deseable que quien llegue a la presidencia se tome en serio el problema de la violencia y en su estrategia dé prioridad a la protección de la vida de la ciudadanía; incluidos programas especiales para los gremios que combaten las corrupciones y asesinatos pensando en el interés general. Son indispensables para la democracia y para erradicar el pacto de impunidad que nutre la inseguridad.
Colaboró Adrián Fix
