2021: la guerra sucia que viene entre partidos

A diferencia de varios colegas, a mí no me parece que el asunto del BOA responda sólo a un mero distractor de la crisis sanitaria-económica. Es también expresión de lo que mejor sabe hacer AMLO; campaña. Es el eterno candidato. Esa será probablemente la tónica de la campaña a favor de su partido. Con el documento apócrifo que “el pueblo” le entregó, el gobierno incurre en lo mismo que condena: infodemia y fakenews. AMLO reconoció no tener pruebas de su veracidad, pero que quería darlo a conocer a ver qué pasaba, y porque le resulta divertido. Exige —con razón— a Enrique Alfaro probar sus acusaciones, pero tratándose de él aplica otro criterio; “no somos iguales” suele decir.

Pero supongamos (sin conceder) que el documento fuera genuino, y hubiera pruebas fehacientes de su autenticidad. ¿Dónde estaría lo escandaloso del asunto, tratándose de una estrategia electoral prevista por las reglas vigentes? ¿Se buscan coaliciones para enfrentar al partido gobernante? Vaya pillos. AMLO insiste en la validez del panfleto pese a no presentar pruebas de su autenticidad. Sabe que los suyos le creen absolutamente todo sin mayor análisis; están ya seguros de que el documento es genuino y que además contiene un plan golpista, no una mera estrategia electoral. Y dicen los diputados de Morena: “La conjura de unos pocos jamás triunfará sobre la voluntad del pueblo”. O sea, ven como ilícitas las prácticas democráticas más básicas. El episodio refleja más la antidemocracia del partido oficial que el golpismo de la oposición (o de esa oposición, al menos). Así, cada vez que se anuncie alguna medida electoral opositora (una eventual coalición, por ejemplo), podrán exclamar, “¿ya ven como sí era real la conjura golpista?”.

Lo que sí sería algo grave (repito, de ser genuino el libelo), sería la participación de consejeros del INE y magistrados del TEPJF. Sería una clara violación a la ley, la negación de la imparcialidad del árbitro electoral, e incluso los participantes estarían incurriendo en delito electoral. De haber pruebas de la autenticidad del documento, de inmediato se tendría que proceder a hacer un juicio político a los involucrados, removerlos de su cargo y aplicar la sanción correspondiente. Pero no, no hay pruebas. Lo cual implica que consejeros y magistrados genéricamente han sido acusados desde la más alta tribuna presidencial de incurrir en tales ilícitos. Grave irresponsabilidad del gobierno.

Varios colegas infieren de eso que AMLO está preparando la descalificación de la autoridad electoral para en caso de que no le vaya bien a Morena en los comicios de 2021. No es una tesis descabellada. ¿Cuándo ha reconocido AMLO una derrota como legal o legítima? El objetivo es también intimidad a los árbitros, lo cual ya empezó a funcionar, pues el INE se negó a poner un alto a la participación directa del presidente, lo que violenta la normatividad. Para quien acumula gran poder, es posible pasarse por alto la ley sin consecuencias. De ahí que muchos teman también que si la revocación de mandato se vislumbrara como desfavorable al presidente, éste vería la forma de evitar su realización con ayuda de su partido en el Congreso. No me extrañaría. Por lo cual quizá no sería tan mala idea adelantar ese ejercicio para el 2021, justo porque ahí aparecería en la boleta AMLO, y su oposición podría unificarse en ese punto, aunque lo demás se disperse en varios partidos. En todo caso, todo esto nos muestra cuál será la tónica de la campaña que ya inició. Y AMLO, probablemente seguirá recurriendo a la Infodemia electoral cuando haga falta (como un acto de transparencia, claro). Además de que le resulta muy divertido.