Aferrados al carbón: ese negocio del Gobierno Estatal en Coahuila (primera de dos partes)

El pasado jueves el director General de la CFE, Jaime Hernández Martínez, recibió a una comitiva de funcionarios encabezados por Rubén Moreira para “analizar los procesos competitivos” mediante los cuales adquiere carbón a la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), a fin de “ampliar la participación de pequeños y medianos productores de la Región Carbonífera”.

Así lo informó la Comisión Federal de Electricidad a través de un comunicado de prensa, mismo que fue reproducido íntegramente por el Gobierno del Estado.

Lo interesante del caso es que la reunión ocurre casi un mes después de terminados los contratos entre CFE y Prodemi, ese organismo público descentralizado pero sectorizado a la Secretaría de Finanzas que nació en el último tercio del sexenio encabezado por Enrique Martínez, y que ha subsistido 11 de sus 13 años de vida en el “moreirato” como intermediario entre los productores del mineral y las termoeléctricas “José López Portillo” y “Carbón II”, ubicadas en Nava. 

Como un coyote oficial, pues.

De este periodo, cabe señalar, lo actuado durante los cinco años que gobernó Humberto Moreira fue desaparecido, pues en el oficio PRODEMI/DG/097/16 arguyen que “en los actuales sistemas informáticos” solamente “se encuentran los registros a partir de 2011”.

Es decir, sólo hay huella de lo realizado durante la gestión del prófugo de la justicia estadounidense, Jorge Torres, y la de Rubén Moreira.

Sin embargo en 2010, historial que sin explicación fue sepultado, el Gobierno de Coahuila cobró a través de Sistema de Administración Tributaria, que manejaba Javier Villarreal, 80 pesos por tonelada de carbón a los productores, desglosados en 10 contribuciones especiales. Del descuento total 45 pesos fueron etiquetados para “obras de infraestructura” y 18 para “programas sociales”, como señaló en su día el periódico Reforma (02/01/2011).

Aunque hubo evidencia de los descuentos, no consta que realmente se hayan aplicado los recursos en esos rubros. Pese al cambio de administración, la historia sigue siendo la misma.

El 14 de septiembre de 2012 la Prodemi firmó un contrato por cuatro años con CFE, fijando un precio de 927 pesos por tonelada. De ellos, 25 pesos serían retenidos como impuesto. Una tercera parte de la cantidad se destinaría para “seguridad de los trabajadores”, y el resto para “obra social e infraestructura en la región carbonífera”. 

La “gestión de fondos”, cabe señalar, es “responsabilidad exclusiva del Gobierno del Estado de Coahuila”, de acuerdo con la declaración 2.6 de ambos contratos.

Y aquí viene lo más importante: la supuesta obra pública edificada con esos recursos no aparece registrada en libros. En infraestructura, la administración 2011-2017 ha invertido 11.1 millones de pesos en un tramo de Libramiento, en San Juan de Sabinas, 4 millones en el Parque Recreativo “La Chimenea”, del mismo Municipio, y 1.5 millones en un faro para la presa “Don Martín”, en Juárez. En total 16.6 millones de pesos, a juzgar por lo reseñado en los cuatro informes de Gobierno.

En 2015, justo es decirlo, fueron etiquetadas varias obras en la Región Carbonífera, pero éstas se pagarán con el Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de Hidrocarburos.

¿Y el resto del dinero?
Lo que sí hay, en cambio, es coyotaje tolerado. Un ejemplo para dimensionar: en 2011 la Prodemi compró carbón a los proveedores a 811.49 pesos la tonelada, y luego lo vendió a 815.96 pesos a la CFE. Es decir, ganaron 4.47 pesos por cada una. Si le parece insignificante la cifra, multiplíquela por las 2 mil 973 millones de toneladas que produjeron ese año.

Su ganancia total fueron 132 millones 893 mil 100 pesos. Reitero: sólo en 2011. En 2012 la ganancia fue de 2.87 pesos, en 2013 de 5.54, de 2.25 en 2014, y de 5.58 en 2015. Haga usted cuentas.

Cortita y al pie
La CFE ha dado pasos importantes para sanear ésa relación. Primero renegoció los contratos con la Prodemi, en septiembre de 2012, a raíz de que delincuencia organizada se había inmiscuido en el negocio de la mano del tristemente célebre Javier Villarreal.

Posteriormente, un año antes de vencer el plazo, en 2015, instauró las subastas electrónicas que le quitaron el 55 por ciento de la  exclusividad en el negocio a la Prodemi, a partir de noviembre.

Y actualmente concluyó la relación. Pero el Gobernador quiere restablecerla. En año electoral.

La última y nos vamos
Se acaba el espacio y aún quedan temas por desarrollar: los hologramas de transportación, el negocio de la ceniza, presupuesto sin fiscalizar, aportaciones indebidas para intereses de la deuda.

Créame: Prodemi es, probablemente, el organismo más opaco y turbio de toda la administración estatal. Y vaya que hay simuladores en sus filas.

@luiscarlosplata