Delitos sexuales, ¿endurecer las penas es suficiente?

Los integrantes del Congreso de Coahuila aprobaron ayer modificaciones al Código Penal del Estado mediante las cuales se endurecen las penas en contra de quienes cometan delitos sexuales en contra de menores de 15 años. Con tales modificaciones, los perpetradores de tales delitos podrían ser sancionados con una pena de hasta 40 años de cárcel.

De esta forma, los delitos de violación equiparada contra persona menor de quince años, violación impropia y abuso o procuración sexual, se castigarán en adelante con una pena mínima de 25 años de prisión, período que constituye más de 8 veces la cota mínima anterior, que era de tres años.

Se trata, a no dudarlo, de una decisión del Poder Legislativo local que debe saludarse, pues el castigo previsto en la ley por la comisión de conductas delictivas constituye uno de los disuasores importantes de éstas.

Por otra parte, como se ha dicho en repetidas ocasiones, resulta particularmente importante que los delitos de carácter sexual cometidos en contra de menores de edad sean denunciados, perseguidos y castigados con absoluta severidad.

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que antes de castigar a quien agrede sexualmente a un menor, lo que todos deseamos es que tal agresión no se concrete, es decir, que sea evitada.

Por ello, aunque el endurecimiento de las penas previstas en nuestro Código Penal es una buena decisión, resulta indispensable insistir en la necesidad de diseñar y poner en práctica estrategias de prevención que impidan la comisión de delitos sexuales en contra de cualquier persona, pero especialmente en contra de niñas y niños.

En este sentido, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, así como de todas las instituciones gubernamentales, tienen un adeudo con la sociedad porque no han sido proactivos, ni mucho menos eficaces, en el proceso de desplegar estrategias que atajen las agresiones de este tipo.

No es esta, desde luego, una tarea en la cual solamente las autoridades tengan responsabilidad. Al mismo tiempo -y con la misma intensidad- todos los miembros de la sociedad debemos sumarnos al esfuerzo de convertir a la agresión sexual en un delito contra el cual exista cero tolerancia.

Desde nuestros hogares, desde la escuela, desde las diferentes profesiones religiosas, y desde cualquier espacio de interacción comunitaria, los adultos que integramos la sociedad debemos educar, vigilar y proteger a quienes constituyen el sector más indefenso de la comunidad.

Se ha dicho antes pero es preciso repetirlo en forma constante: un solo menor de edad que es atacado sexualmente es demasiado y por ello no se puede -no se debe- minimizar en modo alguno el problema, ni matizarlo cuando por desgracia se presenta ante nosotros.

Los depredadores sexuales ahora podrán recibir castigos más severos y eso está bien. Pero lo más importante no es castigarlos: lo más importante para todos, pero sobre todo para las niñas y niños que pueden convertirse en sus víctimas, es que no existan.