Despetrolización forzosa del erario público

Tras el descubrimiento de Cantarell, a principios de los 80, la economía mexicana se caracterizaba por una marcada "petrolización" de las cuentas con el exterior y de las finanzas públicas. De la balanza comercial, correspondían a petróleo 68.5 por ciento de las exportaciones (33.7 por ciento de los ingresos de la cuenta corriente), y 34.3 por ciento de los ingresos del gobierno federal. En 1982, Pemex pagó como impuestos y derechos el equivalente a 9.9 por ciento del PIB.

La dependencia de la cuenta corriente del petróleo se corrigió con la entrada en vigor del TLCAN, lo que se tradujo en un sustancial aumento y diversificación de las exportaciones no petroleras. Dicha negociación e implementación partió de una visión estratégica, y requirió más de una década para comenzar a dar resultados. Muchas empresas tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones y muchas otras quebraron. Se trató de una medida a fondo, con costos, pero efectiva.

Sin embargo, la petrolización de las finanzas públicas continuó. En 2008, los ingresos petroleros llegaron a representar 44.2 por ciento de los ingresos del gobierno federal, y 7.3 por ciento del PIB. Todavía en 2018, dichas contribuciones representaron 14.0 por ciento de los ingresos del gobierno y 2.3 por ciento del PIB. En este aspecto no hubo una estrategia clara y a fondo para resolver el problema, esto es, reforma fiscal verdadera, por lo que los ingresos del sector público gobierno federal, estatales, municipales, y seguridad social) son de los más bajos del mundo. Durante décadas, el país se ha caracterizado por su precariedad fiscal. La brecha de ingresos es dramática: los ingresos del sector público representan 16.1 por ciento del PIB, en comparación con 32.6 por ciento en los países con organización federal de la OCDE, esto es, una brecha de 16.5 por ciento del producto. Eso explica la falta de recursos para atender necesidades sociales y de infraestructura urgentes.

La adicción del sector público a ingresos provenientes de Petróleos Mexicanos ha durado cuatro décadas, durante las cuales las políticas siguieron el camino fácil de no cobrar impuestos o cuotas. Sólo el gobierno federal ha hecho un esfuerzo, pues la brecha de sus ingresos no petroleros, respecto al promedio de la OCDE, que aumentó de 3.3 por ciento del PIB en 1980 a 8.3 por ciento en 1995, a partir de entonces se redujo hasta 2.4 por ciento del PIB en 2018.

En contraste, el resto de las brechas en el mejor de los casos se han mantenido constantes las últimas dos décadas, y en el peor, se han hecho más grandes. La diferencia de los ingresos de los estados en comparación con la OCDE aumentó de 4.4 por ciento del PIB en 2000 a 4.8 por ciento en 2018; la de los municipios (en esencia, predial) de 2.2 por ciento a 2.3 por ciento en el mismo periodo; y, la de seguridad social de 5.5 por ciento a 5.6 por ciento. Eso explica, en buena medida, la frustración del ciudadano con los servicios y calidad de su gobierno, pues no está consciente de la insuficiencia de los impuestos y cuotas que paga, pero exige la calidad de la OCDE. Esa frustración también resulta de la extensión y gravedad de la corrupción en el sector público.

México no ha hecho su tarea para corregir esta dependencia de ingresos petroleros, de manera paulatina y estratégica. Ahora tendrá que despretrolizar sus finanzas de golpe, forzado por las condiciones de los mercados internacionales. Pemex se achica de manera ininterrumpida. Sus ingresos totales alcanzaron del orden de 73 mil millones de dólares (mdd) en 2019, en comparación con más de 100 mil mdd a fines de la década pasada, y se estima que este año pudiera caer hasta 53 mil mdd. Por tanto, sus pagos por impuestos y derechos al gobierno federal caerán abruptamente; se estima que en 2020, alcanzarán del orden de 0.9 por ciento del PIB, en comparación con 2.3 por ciento en 2018. Parte de esa merma habría de ser compensada por otros ingresos de los tres ámbitos de gobierno y la seguridad social, justo en el año con el peor desempeño de la economía y en medio de la pandemia. Habrá que ver si esta crisis pospone de nuevo el inicio de una estrategia de actualización de las finanzas públicas a un escenario realista y sostenible. La tragedia fiscal demanda actuar con firmeza.