El lado oscuro de Chihuahua
El Chihuahuagate mostró las debilidades del CNI: fue ineficiente en vigilar el territorio y falló su mandato de detectar y monitorear las actividades de actores extranjeros
El escándalo sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en una operación contra el Cártel de Sinaloa en territorio mexicano, para el desmantelamiento de un megalaboratorio para producir fentanilo, ha sido reducido por el Gobierno Federal a un tema doméstico y focalizado: Chihuahua. La violación a la Ley de Seguridad Nacional que cometieron el gobierno estatal y la CIA ya no está a discusión, y se están reduciendo los chivos expiatorios, como sucedió el lunes por la noche con el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.
Esta es la salida menos costosa, porque un juicio político para destituir a la gobernadora, Maru Campos, está fuera de todo escenario, al ser ayer virtualmente exonerada por el Gobierno Federal. Una acción limitada, pero de fuerza, para recordarle a la CIA lo que no puede hacer –como podría haber sido la expulsión de los agentes en la oficina de Operaciones que tienen en el consulado de Monterrey–, es letra muerta. La razón la aportó Palacio Nacional, donde fue caracterizado como un caso de “excepción”, eufemismo para justificar voltear hacia otro lado, cerrar los ojos y dejar que la opinión pública lo olvide.
Este problema, en el que quedó atrapado el Estado mexicano –demasiado serio para ser omisos, como describió hace días la presidenta Claudia Sheinbaum–, está siendo resuelto al estilo mexicano: de manera sibilina. El caso del Chihuahuagate tiene combustible para unos días más, particularmente porque la gobernadora declinó la invitación de la mayoría de Morena en el Senado para acudir ayer a dar explicaciones sobre este episodio que desnudó a todos. Probablemente la próxima semana ya estemos en un nuevo escándalo y en una discusión más fresca.
Pero hay algo que no es político y que no debe pasar desapercibido: el papel del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, en todo este episodio.
El CNI no es ajeno al trabajo de la CIA en México. Como en todos los países, el servicio de inteligencia doméstico mantiene relación y enlaces con la compañía, como se le conoce coloquialmente. Normalmente la conversación es entre los titulares, aunque en ocasiones han sido las cabezas de la Secretaría de Gobernación –como Fernando Gutiérrez Barrios–, quienes llevaban la relación, o los secretarios de Seguridad –como en los casos de Genaro García Luna y Omar García Harfuch–. No se sabe si, además de García Harfuch, el actual titular del CNI, Francisco Almazán Barocio, tiene una relación fluida con la jefa de la Estación de la CIA en México.
De cualquier forma, en el Chihuahuagate el CNI mostró limitaciones y deficiencias. No tenía conocimiento de las operaciones con el gobierno de Chihuahua, como admitió la presidenta Sheinbaum al señalar que el Gobierno Federal nunca fue enterado de ellas, o sí sabía y no informó a Palacio Nacional. Almazán Barocio, que es uno de los funcionarios que diariamente participan en la reunión del gabinete de seguridad con la Presidenta, antes de iniciar la mañanera, no alertó de estas acciones, de acuerdo con lo que ha trascendido. Su papel, como servicio de inteligencia y contrainteligencia, debía haber estado enterado de lo que sucede en el submundo de la política realista, porque de ello depende la seguridad nacional del país. Sin embargo, falló.
De manera inopinada, quizás descuidada, el gabinete de seguridad reconoció la existencia de una operación con cuando menos un agente encubierto en Chihuahua. En un comunicado que publicó el sábado, dijo que uno de los agentes de la CIA fallecidos en el accidente en la Sierra Tarahumara –que fue lo que destapó el escándalo hace dos domingos– estaba registrado como diplomático, lo que significa que tenía la cobertura del Departamento de Estado, que es la que tienen la mayoría de sus agentes en el mundo que trabajan en otro país con conocimiento del gobierno local. Pero el otro agente que murió ingresó a México como turista, lo que significa que entró de manera clandestina a realizar una operación en específico.
El CNI debió haber detectado la entrada de ese agente. Es difícil para un servicio de contrainteligencia detectar agentes que ingresen clandestinamente a su país, pero por la información a la que se ha tenido acceso, no era la primera operación que realizaba en Chihuahua. De ser este el caso, la falla es mayor, porque habría tenido meses operando clandestinamente sin que les hubiera llamado la atención.
Esta falla nos lleva a lo que está sucediendo dentro del CNI. De acuerdo con fuentes gubernamentales, el servicio de inteligencia civil ha sido degradado. Dejó de ser un órgano autónomo, como en su fundación y décadas de funcionamiento, y fue adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya no sirve como un instrumento de información autónoma para la Presidencia, el ideal para los servicios de inteligencia civiles en el mundo.
Pero todavía más grave es el desmantelamiento que se ha profundizado, con la peculiaridad de que el perfil de quienes están al frente del CNI no es el adecuado. Quien encabeza el CNI debe tener la capacidad y el equipo para procesar información y detectar patrones débiles, que requiere una formación que reúna capacidades técnicas, conocimiento de estrategias de control político –que no significa espiar a los oponentes políticos, como desde hace dos sexenios– y de gestión de riesgos. Almazán Barocio es un abogado especializado en materia penal, cuya carrera es eminentemente policial.
El Chihuahuagate mostró las debilidades del CNI: fue ineficiente en vigilar el territorio y falló en su mandato de detectar y monitorear las actividades de actores extranjeros que pudieran poner en peligro la seguridad nacional, o que realizan operaciones no autorizadas. La presencia de un agente clandestino de la CIA implicó una falla en la recolección de inteligencia humana (HUMINT), probablemente como resultado del despido de cientos de elementos experimentados del CNI, lo que redujo ojos y oídos en el territorio, y la mala calidad de sus sistemas de interceptación de comunicaciones (SIGINT), quizás por razones presupuestales.
La presencia de la CIA se ha dado en México de tres maneras: autorizada y coordinada; tolerada, pero no publicitada; y unilateral y clandestina. Cuando es autorizada, el CNI está en regla; si es tolerada, aunque entra en una zona gris, se mantiene la soberanía, pero si es unilateral y clandestina, la falla es incuestionable y hay una responsabilidad política y técnica. Esto último es lo que le sucedió en Chihuahua.
