Elecciones 2017: la ‘guerra’ no ha terminado

El Tribunal Electoral del Estado resolvió ayer los 42 recursos interpuestos, por diversos actores, en contra del resultado de la elección de Gobernador de Coahuila y, aunque el fallo pronunciado modificó las cifras finales de votación debido a la anulación de 67 casillas, se ratificó el resultado inicial determinado por el Instituto Electoral de Coahuila.

Como era previsible, el excandidato Guillermo Anaya, así como las fuerzas políticas agrupadas en torno al denominado “Frente por la Dignidad de Coahuila” anunciaron que impugnarán el fallo emitido por el Tribunal Electoral local, mismo que calificaron de “fraudulento”.

Las dos sentencias votadas ayer por mayoría en el TEEC constituyen el primer pronunciamiento jurisdiccional respecto de la que la oposición ha denominado la “impugnación más documentada de la historia”, pero no zanja en definitiva la disputa postelectoral en la entidad.

Y es que además de la instancia federal –que corre a cargo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– aún deben resolverse dos casos relacionados con la fiscalización de los gastos de campaña, mismos que podrían volver a poner sobre la mesa el tema del rebase en el tope de gastos.

Por ello, como se ha dicho a lo largo de los últimos meses, lo que resta es esperar a que concluya la disputa respecto de los gastos y que el TEPJF dicte la resolución definitiva en este caso.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que la etapa de controversia ante autoridades estatales ha concluido y que todas las resoluciones que aún pueden pronunciarse respecto de esta controversia serán dictadas por las autoridades electorales nacionales: el INE y el TEPJF.

Con lo que se ha resuelto hasta ahora, ¿es posible aún que la elección sea anulada? La respuesta a esta pregunta sigue siendo la misma: sí, pero también es posible que, como ocurrió ayer aquí, el resultado oficial que hasta el momento existe sea confirmado.

Se trata, sin duda, de un procedimiento largo y confuso, sobre todo porque diversos procedimiento administrativos y jurisdiccionales se han “empalmado” en el camino, y tales traslapes condicionan la definitividad de las resoluciones que en una y otra instancia han sido dictadas o que se encuentran en espera de resolución.

Los acontecimientos habrán de precipitarse, sin embargo, en las siguientes semanas, pues el plazo fatal que existe para resolver en definitiva la controversia vence el último día de noviembre, es decir, un día antes de que, conforme lo establece el calendario electoral, deba tomar posesión el nuevo Gobernador del Estado.

Cabría esperar, en las semanas que restan para que ello ocurra, un comportamiento serio y profesional por parte de los actores en disputa, comportamiento que debería estar presidido por un compromiso con el respeto a las decisiones que, en última instancia, dicten las autoridades electorales.