FGE: ¿va en serio contra la corrupción?

Durante el fin de semana anterior fue revelada la existencia de al menos una decena de casos en los cuales la Fiscalía General del Estado estaría integrando expedientes para, eventualmente, llevar ante un juez a cinco exalcaldes, y otros tantos extesoreros municipales, a quienes la Auditoría Superior del Estado estaría señalando como presuntos responsables de actos ilegales en el manejo de los recursos públicos que tuvieron a su cargo.

Dos militantes de Unidad Democrática de Coahuila —Evaristo Lenin Pérez Rivera y Lenin Flores Lucio, exalcaldes de Acuña y Sabinas, respectivamente—, dos del PRI –Juan Francisco González y Salvador Lozano Arizpe, exalcaldes en San Pedro y Jiménez, respectivamente— y uno del PAN —Amador Moreno, exalcalde de Frontera— componen, junto a sus respectivos tesoreros, la lista de los señalados hasta ahora.

La existencia de las denuncias ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado e incluso se ha dado a conocer que el primero de los exfuncionarios a quien se citará a comparecer ante la Fiscalía es Lenin Flores Lucio, exalcalde de Sabinas, a quien se le señala como probable responsable de los delitos de peculado y ejercicio indebido de recursos públicos.

La existencia de las denuncias y el hecho de que se trate de individuos pertenecientes a distintos partidos —incluido el PRI— pareciera decirnos, a primera vista que, tanto la Auditoría Superior del Estado, como la Fiscalía General, se han decidido a combatir en serio la corrupción.

Habríamos de ser cautos, sin embargo, antes de echar las campanas al vuelo y celebrar el fin de la era de impunidad en el servicio público. Varias razones relevantes hay para ello:
La primera es que los casos apenas se encuentran en etapa de integración de la carpeta de investigación y básicamente con lo único que la Fiscalía cuenta es con los señalamientos realizados por la ASE, a partir de las auditorías practicadas a las cuentas públicas de los referidos municipios.

Habrá quien diga que eso no es poca cosa, pues si las acusaciones derivan de los “descubrimientos” realizados por la ASE en las cuentas públicas debe existir suficiente sustento como para integrar un sólido caso, presentarlo ante un juez y castigar las presuntas conductas indebidas en las cuales incurrieron los ex funcionarios señalados.

Pero la cadena de pifias de la entidad encabezada por Armando Plata Sandoval es tan larga, que difícilmente puede considerarse que sólo a partir de las conclusiones contenidas en su auditoría será posible armar un caso capaz de pasar la prueba de los juzgados.

La segunda cuestión a tener en cuenta es que las acusaciones aún deben pasar la “prueba del ácido”, es decir, deben ser presentadas ante un juez y, a la luz de criterios jurídicos, demostrarse que efectivamente existen elementos suficientes para considerar la presunta existencia de delitos.

Finalmente es necesario tener en cuenta el momento en el cual se registran los señalamientos: un proceso electoral en marcha que inevitablemente politizará el tema, tal como ya ocurrió con un comunicado emitido ayer por UDC en el cual desliza acusaciones de parcialidad por parte de la ASE.

Habrá que esperar pues, antes de considerar que las autoridades competentes han decidido “ponerse las pilas” y comenzar un combate eficaz en contra de la corrupción.