La mafia del poder de las universidades

No sé si López Obrador acuñó el concepto de la "mafia del poder", pero sí me consta que lo ha utilizado desde hace mucho tiempo para referirse a los poderes fácticos que controlan el país. Es decir, a los grandes empresarios capitalistas, a los dueños de los medios de comunicación, a los políticos que manejan los partidos y el Congreso de la Unión, a los líderes sindicales, a la cúpula eclesiástica, a los líderes de las corporaciones empresariales y a ciertos individuos que siguen teniendo mucha influencia en la vida política del país, como es el caso de algunos ex presidentes y ex gobernadores.

A estos personajes, que tienen nombres y apellidos, AMLO los ha identificado como personas no gratas para el país, por el daño que le han ocasionado a México y, especialmente, a él. De acuerdo con AMLO, algunos de ellos fueron los responsables de la campaña negativa en su contra de 2006 (cuando competía contra Felipe Calderón por la Presidencia), que lo tildó como "un peligro para México"; campaña que no le permitió a "ya sabes quién" llegar a la Presidencia.

Pues bien, como AMLO seguramente logrará en esta ocasión su propósito de ser el próximo presidente del país, y como también ha comentado su interés por hacer una verdadera reforma educativa, quiero aprovechar la oportunidad para señalarle que en materia de educación existe una verdadera "mafia del poder" en las universidades estatales.

Esta mafia se ha logrado apoderar de las instituciones de educación superior públicas a través de un simple y efectivo procedimiento en aquellas instituciones que cuentan con una junta de gobierno (JG), quien elige al rector y a los directores de escuelas, facultades e institutos. Así funciona:
El rector en turno tiene un poder fáctico sobre el Consejo Universitario, que lo conforman, principalmente, directores, docentes y estudiantes (y, en algunos casos, personal administrativo). Para tomar una decisión en cualquier sentido, el rector (y su equipo del más alto nivel) ejerce presión sobre los directores quienes, a su vez, influyen fuertemente sobre los docentes y alumnos. Por ello, es relativamente fácil para un rector que el Consejo Universitario elija a un nuevo miembro de la JG de su preferencia, lo que puede hacer anualmente hasta el término de su gestión administrativa. Para ese entonces, el rector ya cuenta con un círculo de amigos que tienen gran poder sobre la decisión universitaria de mayor relevancia: la elección del nuevo rector que lo sustituirá.

La elección del nuevo rector es solo un eslabón en este proceso. La jugada maestra consiste en elegir al rector saliente como nuevo integrante de la JG, de tal manera que al cabo de unos cuantos años, tanto el rector en turno como los ex rectores (que son miembros de la JG) forman parte de la mafia del poder que ha "secuestrado" a su universidad de manera legal, pero ilegítima. Así, un grupo de amigos (pillos, al final) se convierten en los dueños de facto de las universidades públicas por largos periodos de tiempo, usufructuando los muchos beneficios que les da el poder. Uno de ellos, es que familiares de cualquier grado obtengan puestos académicos y administrativos altamente remunerados.

No me consta que esto suceda en todas y cada una de las universidades públicas del país, pero sí estoy seguro que sucede en algunas de ellas. Por ejemplo, hace algunos años, el ahora senador Ernesto Ruffo afirmó que, desde su punto de vista, la Universidad Autónoma de Baja California estaba secuestrada por su JG. En su momento, no entendí a qué se estaba refiriendo con dicha afirmación; sin embargo, poco después no solo comprendí bien su mensaje, sino que lo pude corroborar.

Para el nuevo gobierno que formará AMLO, en este año, será muy fácil saber en qué universidades ha sucedido un "secuestro" institucional, como el que les acabo de describir. Bastará con saber cuántos ex rectores conforman (o han conformado) su JG, cuáles de sus familiares ocupan (o han ocupado) puestos bien remunerados en la institución y cuántos ocupan (o han ocupado) puestos públicos al mismo tiempo que universitarios. Si AMLO, en verdad, quiere hacer una verdadera transformación en el nivel de educación superior, puede empezar por una acción que no le costará un centavo y que tendrá gran impacto positivo en el funcionamiento de todas las instituciones universitarias del Estado.