La tercera renegociación de la deuda; la trastada final

A 70 días de concluir el sexenio de Rubén Moreira, con las recientes elecciones de Gobernador a punto de la nulidad y sin haber iniciado formalmente la entrega-recepción del Poder Ejecutivo, al Congreso del Estado le pareció sensato autorizar que se renegocien los 37 mil millones de pesos en deuda pública que tienen a la entidad en “apalancamiento elevado”, “baja sostenibilidad” y “débil posición de liquidez” de acuerdo con la calificadora internacional Fitch Ratings.

No es una cuestión de legalidad, sino de oportunidad. No son las leyes el problema, sino el calendario electoral y la inestabilidad política que vive Coahuila desde junio 4.

Y no es la primera ocasión que la Legislatura LX vota un caso peliagudo con oportunismo sádico. A escondidas. Cuando todo mundo está pensando en otra cosa. Con los reflectores apagados y el ánimo de sorprender.

Pasó un 22 de diciembre de 2015, es decir en plenas vacaciones de Navidad, cuando los diputados, encabezados por José María Fraustro Siller, aprobaron afectar las pensiones de los trabajadores de la educación pública y aumentar los años de servicio. Sucedió con idéntico modus operandi.

En el asunto que nos ocupa, consumado el pasado viernes, no hubo un debate previo ni mesas de análisis con especialistas. Ni siquiera una manifestación de interés. Literalmente, de la noche a la mañana la Junta de Coordinación Política ejecutó la trastada: transcurrieron 12 horas entre la presentación del dictamen por la Comisión de Finanzas, y su votación en el Pleno. Más que representantes populares, actúan como pandilleros.

Se trata, cabe señalar, de la tercera “reestructuración de la deuda” en seis años.

La primera, el 18 de agosto de 2011, sirvió para legalizar los créditos obtenidos sin aprobación del Congreso local y con falsificación de documentos. La segunda, el 19 de noviembre de 2014, para reagrupar en una misma canasta el desorden financiero heredado. Es, por tanto, la tercera Legislatura que meses antes de concluir toca el tema. Las encabezadas por Fernando de las Fuentes y Eliseo Mendoza Berrueto consintieron lo mismo y pese a ello el Estado ha pagado 15 mil 152 millones de pesos en intereses a los bancos de 2012 a la fecha. Repito: sólo de intereses.

En todo ese tiempo, por si fuera poco, nunca se ha esclarecido el destino de 18 mil millones de pesos contratados en 2010, los cuales no aparecen detallados en la Cuenta Pública de aquél año (información reservada hasta 2019 a petición de la Auditoría Superior), y tampoco hemos dejado de pagar tasas de interés promedio superiores a la media nacional.

¿Dónde está el beneficio entonces?

Por el contrario, Coahuila está tan comprometido económicamente que tiene vedado contraer nueva deuda en 2018 merced al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el único Estado que lo tiene prohibido.

También conviene recordar que, en lo que va de 2017, es la segunda ocasión que Gobierno del Estado intenta exprimir la deuda, pues cinco días antes de iniciar las campañas electorales, el 28 de marzo, Grupo Financiero Interacciones compró a Santander el crédito por 2 mil 037 millones 814 mil pesos que tenía con éste la administración estatal, a fin de convertirse otra vez en el mayor acreedor de Coahuila con 28 por ciento del pasivo total.

CORTITA Y AL PIE

Ahora bien, no es necesario ser Secretario de Finanzas para saber que renegociar 37 mil millones de pesos produce un dividendo. ¿Qué institución financiera no estaría dispuesta a sangrar un cliente con obligaciones cubiertas mediante sus participaciones federales durante 30 años?

Como varias entrarían a la puja en un hipotético escenario, es lógico que ofrezcan estímulos a su contraparte –representada por Ismael Ramos Flores– con el objetivo de agenciarse los contratos.

Para dimensionar: prometer un simple 1 por ciento de comisión libre sobre la deuda total significa 370 millones de pesos. Y si la negociación se realiza a puerta cerrada –como es previsible por la naturaleza del acto– no habrá transparencia que valga para conocer su destino final.

No olvidar que estamos en El Año de Hidalgo y que, eventualmente, habría una elección extraordinaria de Gobernador que otra vez requiere recursos.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

De lo anterior hay responsables: los legisladores locales del PRI, aliados con el Partido Verde, Nueva Alianza y Socialdemócrata Independiente. Particularmente Antonio Nerio, Javier Díaz, Verónica Martínez, Carolina Morales, Luisa Ivone Gallegos y Javier Rodríguez Mendoza impulsaron la iniciativa del Gobernador.

Téngalos presentes. En 2018 volverán a pedirle su voto.

@luiscarlosplata