Parque de atrocidades

Politicón
/ 15 octubre 2017

Recién se ha publicado el libro “Sembradores de Paz. Una Reflexión Colectiva Para Responder a la Violencia” (223 páginas), editado por Froylán Enciso y Fernando Nieto a manera de seguimiento y producto del foro “Líderes sociales por una cultura de paz” (junio de 2016), auspiciado por el Senado de la República y el Colegio de México. 

En mencionado foro, refieren los editores, “se presentaron diagnósticos, ideas y perspectivas para entender la violencia en 10 de los estados más violentos del País”. El libro viene a poner sobre papel un rumor que ensordece a gritos por una justicia arrebatada.

Ahí, junto con estados como Tamaulipas, Michoacán y Guerrero (entre otros), una arista de lo sucedido en lo más próximo: la pluma de Jorge Verástegui comparte el capítulo “Acciones ciudadanas frente a la desaparición de personas en Coahuila” (páginas 185-190).

En unas pocas páginas puede entenderse un contexto mínimo sobre lo que significó la escalada de violencia, la reacción de la sociedad que impulsó una agenda imposible de ignorar, lo que implica relacionarse con el poder (el reclamo, la gestión, la coordinación) y, a manera de conclusión, los sinsabores y la esperanza de quien va sido testigo de todo el proceso. Puede o no suscribirse en la totalidad de su contenido, pero debe leerse. 

Desde la interpretación del autor, el origen se encuentra en una estrategia de combate al narcotráfico que “no tuvo en cuenta la diversidad de actividades comerciales en las que estaban incursionando los transformados cárteles de las drogas, ni el estrecho vínculo que estos tenían con los diversos niveles de Gobierno”. 

En 2008, agrega, “empezó a registrarse una práctica que, si bien estaba comúnmente asociada a ajuste de cuentas entre grupos de narcotraficantes, se expandió a otros grupos sociales: el levantón (…que con el paso del tiempo…) había mutado a algo diferente. En algunos casos las víctimas no tenían ninguna relación con los grupos de la delincuencia organizada (…y…) en el perpetrador, integrando de forma más activa a agentes del estado, principalmente a los policías municipales”. 

Frente a esto, y por razones obvias, la primera reacción de los afectados no sería el de acudir a las autoridades: “en 2009 algunas personas comenzaron a acercarse al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios”, relata. Aquello sería eventualmente la semilla de FUUNDEC, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. 

La coordinación ciudadana impulsó una agenda adoptada con distintas intensidades por tres administraciones estatales. Caminando con un dolor que no desaparece, el esfuerzo se ha consolidado como un importante promotor de cambios en la norma y la práctica: “Coahuila se ha convertido en el referente cuando se habla de personas desaparecidas, tanto en las prácticas de desaparición como en las respuestas y los modelos que se han implementado”, puntualiza. 

La labor continúa. Pareciera que a veces se nos olvida o lo vemos como algo lejano. Pero no: hay ausencias que no se colman con el tiempo. Como dice el autor, “no es posible tener una expectativa de justicia cuando existen grandes lazos, personales y políticos, entre quienes detentan el poder”. 

Enhorabuena por el trabajo colectivo que significa el libro; todo el reconocimiento a la valentía de quienes ahí compartieron su visión. Cada página es –sin duda y al mismo tiempo– un llamado a la memoria de quienes prefieren hacer como que nada sucedió y un galardón para quienes, sin desearlo, nos aleccionan de cómo el dolor en tiempos turbulentos sí puede transformarse en semilla de paz.

@victorspena
www.victorspena.net

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