POLITICÓN: Caso Rocky Saltillo, ¿maltrato animal o accidente?

I. EL PROVEEDOR

Quienes han tenido oportunidad de revisar el muy abultado expediente integrado en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, nos confirman que, en efecto, entre los documentos que lo integran existe evidencia de que al menos una parte del combustible incautado en Coahuila, en julio de 2025, a bordo de 129 carrotanques “abandonados”, provenía de la refinería Deer Park, en Houston. Y, como se recordará, esa refinería fue adquirida por Pemex en 2021, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que el huachicol fiscal incautado aquí fue vendido, en estricto sentido, por Pemex.

II. ¿Y EL CLIENTE?

Huelga decirlo: el dato es relevante porque, al ser Pemex el proveedor del combustible, el Gobierno de la República no debería tener ningún problema para ubicar al comprador y, en general, para identificar a toda la cadena de complicidad involucrada en la operación ilícita. Y si eso es así, ¿entonces por qué la investigación y las acusaciones, al menos hasta ahora, se han centrado exclusivamente en quienes se encargaron de los trámites aduanales y el transporte?

III. PERO CON PRISA...

No cabe duda de que hay temas en torno a los cuales no existe ideología que divida ni color partidista que genere divergencia. Y uno de ellos es... ¡irse de vacaciones! Y eso quedó probado ayer, cuando los integrantes de la diputación permanente del Congreso, cuyos trabajos encabezó la udecista Zulmma Guerrero, despacharon en menos de una hora los trabajos de la sesión correspondiente a esta semana para dar paso a dos semanas de vacaciones –inmerecidas, pero que ellos dirán “muy necesarias”– para volver a sesionar hasta el martes 4 de agosto.

IV. TODOS DE ACUERDO

¡Y vaya que tenían prisa por agotar la agenda!, pues contra todo pronóstico, ni siquiera hubo el menor asomo de discusión, ni en relación con los dictámenes en cartera, ni en torno a los llamados a misa... ¡perdón!, proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los integrantes de la Permanente. En total se realizaron 11 votaciones y en todas, sin excepción, el resultado fue exactamente el mismo: aprobación por unanimidad... ¡Qué chulada!

V. OTRA VOZ

La presión contra el Partido del Trabajo, desde Morena Coahuila, dejó de ser un asunto de una sola voz. A los señalamientos formulados en días recientes por el senador Luis Fernando Salazar ahora se sumó el diputado local Alberto Hurtado, quien pidió abiertamente a la dirigencia nacional reconsiderar la alianza con el PT. Su diagnóstico fue contundente: lejos de fortalecer al movimiento, el partido se ha convertido en un lastre que acumula conflictos, divide a la izquierda y aporta muy poco en términos electorales. Cuando dos voces relevantes del mismo partido comienzan a decir lo mismo, difícilmente se puede ignorar.

VI. EL LASTRE

Las declaraciones de Alberto Hurtado fueron especialmente severas hacia el grupo de los hermanos Flores y el liderazgo petista en Coahuila. Sostuvo que el PT reclama espacios y condiciones como si fuera un aliado indispensable, cuando –según su valoración– su aportación electoral es mínima y sus conflictos terminan costándole más a Morena de lo que le aportan. Recordó los episodios ocurridos en el Congreso y la fractura de 2023, y cuestionó si esa alianza sigue teniendo alguna utilidad política.

VII. SIN EXCUSA

El caso de Rocky, el perro que fue arrastrado por una camioneta en un fraccionamiento del norte de Saltillo, sigue generando reacciones. El diputado Jorge Valdés pidió a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Ambiental y a la PROPAEC investigar a fondo los hechos y, de acreditarse alguna responsabilidad, aplicar las sanciones correspondientes. La presunta responsable aseguró, mediante un mensaje difundido entre vecinos, que nunca advirtió lo ocurrido y que todo se trató de un accidente. Sin embargo, si eso es cierto, quizá el primer paso debió ser presentarse voluntariamente ante las autoridades para esclarecer los hechos.

VIII. BAJO LA LUPA

La investigación ya está en marcha y ahora corresponderá a las autoridades determinar qué ocurrió realmente. Más allá de las distintas versiones, también habrá que valorar la actuación posterior al incidente. En un caso con semejante impacto social, acudir de inmediato ante la autoridad habría contribuido a dar certeza desde el inicio. Hoy serán los videos, los peritajes y las demás pruebas los que determinen si existió un accidente o alguna conducta sancionable. Al final, será la ley, y no las redes sociales, la que deberá emitir el juicio.

IX. REFLEXIÓN

La indignación que ha provocado el caso de Rocky es comprensible. Sin embargo, también invita a una reflexión. Llama la atención que este tipo de hechos movilicen con tanta fuerza a la sociedad, mientras que otros casos de violencia, como los que afectan a mujeres, niñas o niños, no siempre generan la misma reacción colectiva y, cuando lo hacen, no es con esta intensidad. No se trata de comparar causas, sino de entender qué nos está diciendo como sociedad. Quizá sea una conversación que organismos ciudadanos, como el Consejo Cívico de las Instituciones, que preside Sara Arizpe, podrían impulsar desde una perspectiva de cultura cívica y responsabilidad social.