Múltiples voces han señalado, en forma reiterada, que uno de los problemas más importantes que tenemos en el país no es la corrupción, sino la impunidad asociada a esta. El reporte que publicamos en esta edición, relativo a una denuncia penal presentada por el gobierno municipal de Ramos Arizpe, parece demostrar de forma indubitable la certeza de tal señalamiento.
¿Qué elementos conducen a realizar la afirmación anterior? Pueden señalarse varios, pero uno es, sobre todo, relevante: el hecho de que la acusación formulada ante el Ministerio público sea porque se falsificó la firma del Presidente Municipal y otros servidores públicos.
La denuncia, presentada por la representante jurídico del Ayuntamiento, Mayra Meléndez Herrera, el secretario del Ayuntamiento Alejandro González Farías y el tesorero, Jorge Uriel Soto Duarte, afirma que representantes de la empresa NL Technologies, con la cual tenía suscrito un contrato el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, además de falsificar las firmas señaladas, usaron documentos falsos para intentar extraer indebidamente cientos de miles de pesos de las arcas municipales.
“Estamos presentando una denuncia penal en contra de la empresa NL Technologies y contra la institución bancaria que tenía el fideicomiso del contrato por el servicio de luminarias. La denuncia va por la falsificación de firmas y uso de documentos falsos, más lo que resulte, y también contra quien resulte responsable”, explicó el tesorero Jorge Soto.
No es ninguna sorpresa enterarnos de la existencia de actos de corrupción, en el servicio público, en los cuales tengan intervención representantes de empresas privadas. Pero lo que resulta sorprendente en este caso es que las autoridades municipales acusen a ejecutivos de empresa de intentar estafarles.
Y es que, por regla general, quienes buscan obtener ganancias ilícitas a partir del presupuesto público lo hacen a partir de establecer relaciones de complicidad con quienes tienen a su cargo la administración de los fondos públicos, pues solo de esta forma es posible garantizar la consumación de sus intenciones.
En este caso, tal como está planteada la historia resulta realmente inaudito el atrevimiento de quienes están siendo acusados, pues falsificar la firma del Presidente Municipal de Ramos Arizpe -o de cualquier otro alcalde- no es un acto trivial sino de la mayor gravedad.
Cabría esperar que la autoridad responsable de procurar justicia actúe con la mayor celeridad y energía para sentar, con la investigación y resolución de este caso, un precedente que no deje lugar a dudas respecto de lo que espera a quienes intentaran imitar la conducta: no hay espacio para la impunidad en este tipo de casos.
Porque estamos, a no dudarlo, ante un ejemplo de conducta que debe ser perseguido y castigado de manera ejemplar pues solamente de esta forma puede conjurarse la posibilidad de que casos como el señalado se multipliquen en el futuro.