¿Quién administrará el litio de México?

En una reacción que muestra una vez más los rápidos reflejos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer se aprobó −con la notable abstención de los integrantes de las bancadas del PRI, PAN y PRD, más una diputada de MC− la propuesta de reformas a la Ley Minera en la Cámara de Diputados y pasó al Senado de la República.

El hecho forma parte del debate que el Presidente alienta continuamente con la oposición respecto de sus diferencias políticas y tenía más el propósito de “empatar el marcador”, tras la derrota legislativa que sufrió el domingo pasado, al rechazarse la reforma constitucional en materia eléctrica,
y mucho menos con la necesidad de “proteger el litio” de nuestro subsuelo.

Múltiples voces lo han señalado antes: para impedir la participación de empresas privadas en la explotación del citado elemento no hacía falta reformar la legislación minera, sino simplemente no otorgar concesiones. Aunque, también debe decirse, el hecho de que exista una prohibición expresa en la ley dificultará −no necesariamente impedirá− que se litiguen los rechazos.

Pero acaso el “secreto” de esta reforma no se encuentre en cerrarle la puerta a las empresas al mercado nacional del Litio, sino en la forma en la cual se pretende garantizar que la exploración, explotación y aprovechamiento de dicho metal redunden en “beneficio exclusivo del pueblo de México”, como señala uno de los párrafos que se pretende añadir a la norma.

Y es que en el artículo 10 de
la propuesta señala que “la exploración, la explotación y el aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado,
y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal
en términos de las disposiciones aplicables”.

Las palabras clave son, desde luego “el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal”. ¿Por qué? Porque nada se dice respecto de la forma en la que dicho organismo se
integraría ni qué procedimientos se seguirían para ello. En este sentido, la reforma le otorga al Presidente un cheque en blanco
para que defina la naturaleza del organismo.

¿Se piensa en el surgimiento de una nueva empresa estatal al estilo de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad? ¿Se pretende que una de estas empresas asuma la tarea? Nadie, salvo el Presidente, parece saber la respuesta, porque no hay más pistas sobre el particular.

Cabe la posibilidad, incluso, porque la propuesta no la descarta, de que el nuevo “organismo público” no sea civil, sino que pase a formar parte de las muchas atribuciones que este Gobierno le ha otorgado al Ejército.

Valdría la pena que, dada la estratégica posición que se ha otorgado al litio de cara al futuro, se desarrollara con mayor amplitud la propuesta y, sobre todo, que se establecieran límites más precisos a lo que el titular del Ejecutivo puede decidir al respecto.

Porque, por lo demás, la aprobación de la propuesta debe darse por hecho, pues el Presidente cuenta con los votos necesarios para hacerla avanzar también en la Cámara de Senadores.