Rascando los límites de la libertad de expresión
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Las tonalidades de la relación entre medios y gobernante se reflejan en la distribución de publicidad
A la memoria de Mike Wallace, cronista de Nueva York
La libertad de expresión está protegida por la Constitución, pero ejercerla conduce a una azarosa exploración de las convicciones, intereses y egos de quienes detentan el poder.
En 2016, un directivo de un diario de circulación nacional me comentó que se estaban preparando para una “economía de guerra”. Habían concluido que Andrés Manuel López Obrador ganaría los comicios de 2018 y que, pese a su moderación retórica, se lanzaría contra los medios que se interponían o criticaban sus proyectos.
Empezaron los ahorros en todas las áreas, la búsqueda de anunciantes privados, la verificación extrema de la información más sensible y la intensificación de los diálogos con el líder y su círculo. Medidas, por cierto, similares a las utilizadas por Carlos Payán, quien como director de La Jornada era un virtuoso en la seducción de gobernantes (colaboré en ese diario entre 1984 y 1996). Sus esfuerzos fueron inútiles, pues Miguel de la Madrid vetó la asignación de publicidad a ese diario y el ejecutor fue el inflexible Manuel Bartlett.
Las tonalidades de la relación entre medios y gobernante se reflejan en la distribución de publicidad. Ofrezco cifras recopiladas por Artículo 19 y Fundar sobre el monto de la publicidad asignada entre 2019 y 2023 por el Gobierno Federal a cinco diarios capitalinos: La Jornada recibió mil 304 millones de pesos (mdp); Milenio Diario, 300 mdp; El Universal, 138 mdp; El Financiero, 75 mdp; y Reforma, 24 mdp (cifras actualizadas a pesos de 2024). Se desconocen los criterios empleados.
Otra arista para la prensa es el abordaje de las guerras del narco. Se trata de un tema vastísimo que cambia entre ciudades. No es lo mismo publicar en la capital que hacerlo en Sinaloa, Guerrero o Veracruz. Sobre ese tema recomiendo el libro “‘Reconquistando’ La Laguna” (El Colegio de México, 2020), firmado por el autor de este texto, Jacobo Dayán y Javier Garza; ahí explicamos cómo sobrevivió la libertad de expresión durante los violentos enfrentamientos entre Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, gobiernos y sociedad entre 2007 y 2014.
La vertiente que considero más importante es la relación con las audiencias. Su apoyo o rechazo es fundamental, y el crisol donde se forjaron buena parte de las reglas no escritas fue el conflicto entre el gobernador de Yucatán, el presidente Plutarco Elías Calles, El Diario de Yucatán y la enorme franja de la sociedad peninsular que lo hizo suyo.
Los gobernantes acusaban al periódico de “reaccionario, pérfido, clerical y enemigo del pueblo”. En realidad, el gobernador estaba furioso porque el medio informaba sobre el gusto del mandatario por el consumo suntuario, el cual contradecía su retórica socialista y porque deseaba sustituirlo con un diario propio que sí circuló, pero jamás salió de la marginalidad.
En 1931, la policía cercó las oficinas del diario, que permanecieron cerradas hasta marzo de 1933. Si el periódico resistió fue por la fortaleza y astucia de Carlos R. Menéndez, por el respaldo de sus lectores y lectoras y por la solidaridad de múltiples actores, entre los que destacan los 50 miembros de la Prensa Asociada de los Estados, fundada en 1908.
Recuerdo ese episodio –que merece un estudio a profundidad– porque la semana pasada el sindicato del metro capitalino amenazó con cerrar las instalaciones de Reforma durante ocho días, luego de que el diario revelara que en 2022 los funcionarios de aquella institución gastaron 130 millones de pesos en la compra de centenarios de oro y monedas de plata que regalarían a sus agremiados. Ese tipo de virulencia sigue siendo habitual toda vez que desaparecieron las instituciones garantes de derechos.
En México sí hay márgenes para el ejercicio de la libertad de expresión, pero quien la practique debe saber a quién le escribe, entender que debe haber información tras el razonamiento y el adjetivo, y que siguen siendo inevitables los gruñidos y manotazos de quienes son señalados.
PD. Con esta columna conmemoro el décimo aniversario del acoso judicial en mi contra. Un exgobernante consideró que mis escritos violentaban su honor e interpuso dos demandas. La Suprema Corte me dio la razón en la primera demanda. La segunda acaba de celebrar su cuarto aniversario. Como estamos en México, el Poder Judicial de la CDMX le ha obsequiado todo tipo de cortesías.
Colaboró Elena Simón Hernández
