Reforma judicial: ¿sin espacio para el diálogo?

Ayer tuvo lugar en Saltillo la octava jornada de lo que, en términos formales, se ha dado en llamar “Diálogos Nacionales: reforma al Poder Judicial”, un ejercicio convocado por el Poder Legislativo Federal para “socializar” la propuesta de reforma que busca transformar el mecanismo institucional de impartición de justicia en el país.

Las comillas utilizadas para resaltar términos en la fase anterior resultan obligadas, pues poco de diálogo tiene un ejercicio que, todo hace indicar, está siendo realizado solamente para cubrir el expediente y “justificar” que quienes tienen posiciones discordantes, a las que plantea el gobierno en turno, pudieron exponerlas.

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Nada más alejado de la realidad. De entrada es necesario recordar las condiciones en las cuales se ha realizado el ejercicio: sin convocatoria pública, ocultando los detalles del encuentro y, en estricto sentido, impidiendo a los interesados en participar, el poder hacerlo.

La muestra más evidente de que no hay tal ejercicio de diálogo la constituye la manifestación realizada por trabajadores del Poder Judicial quienes desde antes del inicio del evento acudieron a la sede de éste para reprochar la cerrazón de los organizadores.

No se exagera cuando se afirma que sólo gracias a la protesta se permitió que una decena de los manifestantes pudieran ingresar al recinto y que dos de ellos tomaran la palabra para manifestar sus puntos de vista.

En este contexto, las voces del oficialismo siguen repitiendo machaconamente lo que se ha dicho desde el principio: que no se pretende restar autonomía al Poder Judicial; que se respetarán los derechos de los trabajadores; que habrá un “comité de selección” que garantizará la aplicación de criterios técnicos...

El problema con todo esto es que la forma en la cual se ha impulsado esta reforma, así como la experiencia previa, recomiendan no creer en las promesas que hacen quienes ya en el pasado han mostrado no tener ninguna convicción democrática para modular las pulsiones del Poder Ejecutivo, del cual deberían ser un contrapeso y no una correa de transmisión.

Por otra parte, la forma en la cual se conducen quienes coordinan los ejercicios de “diálogo” despide un tufo incluso clasista al considerar que quienes hoy laboran en el Poder Judicial −y serán, en todo caso, los principales afectados− no debieran ser los primeros en expresarse.

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Todo hace indicar que los empleados del Poder Judicial no son vistos como una fuente relevante de votos, pues difícilmente se adoptarían estas actitudes con otros gremios en ocasión de reformas similares. Nadie pensaría, por ejemplo, en impulsar una reforma educativa y que en el proceso de su discusión los profesores tuvieran que manifestarse para ser escuchados.

Resulta por ello muy difícil considerar que en este proceso estamos acudiendo a un proceso de diálogo cuyo resultado pueda ser la construcción de la mejor respuesta para beneficio colectivo, pues todo lo que alcanza a verse desde afuera se ubica de espaldas a las formas democráticas.