Retroceso internacional en el Estado de Derecho

La declaración de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, respecto a desconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional ubicada en La Haya, Holanda, para juzgar a militares y ciudadanos norteamericanos que hayan cometido delitos contra un país extranjero o sus ciudadanos, es muy grave, pues rompe con el orden internacional. Incluso ha manifestado un plan de su país para iniciar una escalada en contra de dicha corte, para aniquilarla, lo cual significa un gravísimo retroceso universal contra el Estado de Derecho.

Que un país que en el siglo 20 fue bastión de la legalidad y que pretende ser el “policía del mundo” se niegue a respetar la autoridad de la Corte Penal Internacional si esta quisiera juzgar a ciudadanos estadounidenses, representa una crisis jurídica global: no puede haber excepciones. Equivale a “mirar la paja en el ojo ajeno...”, cuando la autoridad moral de una persona o de un país se mide poniendo el ejemplo, respetando la ley.

El Estatuto de Roma es el tratado internacional que sustenta la autoridad de la Corte Penal Internacional y fue firmado el 17 de julio de 1998 por 120 países –entre ellos México– y entró en vigor el 1 de julio del 2002.

El presidente Bill Clinton firmó el tratado el 31 de diciembre del año 2000. Sin embargo, George W. Bush desconoció la firma en mayo del 2002 y avisó a la ONU que no lo ratificaría. A su vez, Rusia, China, Israel y la india, entre otras naciones, principalmente de África, tampoco lo firmaron.

Esta decisión norteamericana de no reconocer la autoridad de la Corte Internacional se dio precisamente en el contexto de las guerras libradas contra Afganistán e Irak por el presidente Bush como respuesta al atentado terrorista islámico contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001.

Seguramente hoy el gobierno norteamericano está pensando en el problema que se le podría venir encima a partir del asesinato de residentes latinoamericanos en Estados Unidos por parte del ICE, abuso policial perpetrado por mentes criminales que el mismo gobierno norteamericano no ha castigado. O quizá los bombardeos sobre Irán y algunas operaciones internacionales que pretendan realizar próximamente contra otros países.

Esta Corte ya abrió un expediente para el presidente de Rusia, Vladimir Putin –e incluso una orden de aprehensión emitida el 17 de marzo de 2023– por la deportación y traslado ilegal de niños ucranianos hacia Rusia, lo cual es considerado crimen de guerra, así como también contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y el ministro de guerra de ese país, Yoav Gallant, por utilizar el hambre como estrategia de guerra, así como otros actos inhumanos en Gaza. Órdenes emitidas con fecha del 21 de noviembre del 2024.

Estas declaraciones terminarán derrumbando todos los avances que durante décadas se fueron construyendo después de la Segunda Guerra Mundial para dar certeza y seguridad al mundo a partir de la aplicación de la ley.

Sin embargo, la Unión Europea y muchos países más –ante estas declaraciones de Marco Rubio– han salido a manifestar su solidaridad para con la Corte Penal.

Lo dicho por Rubio en estas fechas quizá representa un “curarse en salud” respecto a las próximas acciones que Estados Unidos pretende realizar.

DETENCIÓN DENIGRANTE

Denigrante la forma en que fue detenido el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, con rudeza extrema. Esposado y con un agente policiaco asiéndolo de la cabeza para inmovilizarlo, fue guiado rumbo al vehículo que lo llevó a prisión, como si fuese un violento delincuente un hombre de más de 74 años de edad y con una trayectoria de vida honorable.

De lo que se le acusa es de que una empresa que él fundó ha sido señalada de transportar huachicol fiscal, lo cual no puede ser imputable a su persona, sino a quienes operan la empresa, y ese es el riesgo de cualquier empresario. Su mayor delito es haber impulsado la creación del nuevo partido político Somos México. ¿A usted qué le parece?

@homsricardo