Se hereda el luto como se heredan las omisiones

El lunes pasado mi compañero Jesús Peña y un servidor presentamos el reportaje “Accidentes en las minas: ¿un luto que se hereda en la región carbonífera?”, una amplia radiografía sobre las condiciones en las que se trabaja y se lleva
a cabo la actividad minera en
Coahuila.

Hay datos reveladores que me permitiré resaltar en este espacio, a fin de alumbrar una problemática que, como cada que hay accidentes fatales, se reparten culpas y después se olvidan.

En los últimos 15 años, desde la tragedia de Pasta de Conchos en 2006, cuando murieron 65 mineros, otros 122 trabajadores de minas han perdido la vida. La cifra es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aunque la Organización Familia Pasta de Conchos cuantifica 119 tan sólo en la zona Carbonífera.

La cifra, cualquiera que se tome, derrumba las justificaciones y pretextos del último accidente que quitó la vida a siete mineros en junio pasado, sobre que la reducción en los márgenes de utilidad a causa de contratos poco ventajosos es el causante de destinar menos recursos al tema de seguridad laboral. Si así fuera, ¿qué decir entonces de los otros mineros que perdieron la vida en años anteriores?

Ese argumento es muy simplista porque deja de lado el cumplimiento de leyes. A nadie, a ningún productor se le obligó a firmar un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ellos aceptaron, para bien o para mal. Como dijo la activista Cristina Auerbach en una nota de VANGUARDIA posterior al reportaje: “firman, mueren mineros y al final resulta que ellos son las víctimas”.

No hay justificación para no cumplir con la ley. Porque si se hereda el luto es porque se heredan las irregularidades, la falta de inspecciones, la falta de regulaciones, la falta de cumplimientos, la falta de vigilancia; se heredan las omisiones y la corrupción.

Desde 2006 han ocurrido al menos 66 accidentes fatales, es decir, sin contar los percances en donde no se perdieron vidas. Cada año, la muerte asoma a la región en algún centro minero, cueva o
pocito donde los carboneros se
juegan la vida.

Un dato importante es que únicamente en 27 de esos 66 accidentes hay registro de alguna sanción y multa por violaciones. En el resto no se encontraron violaciones que ameritaran una multa. Hay multas desde los 4 mil 900 pesos, 5 mil 700, 8 mil 500 y 6 millones 459 mil pesos por uno ocurrido en 2014 de la empresa Refacciones y Materiales de Sabinas S.A de C.V. En 19 accidentes fatales las multas fueron de menos de 200 mil pesos.

La falta de sanciones y castigos también es una razón para que persistan los accidentes. Los habitantes de la zona lo saben: las tragedias se olvidan. Y el olvido es
un ingrediente importante de la impunidad.

Pero hay datos que no se pueden ocultar. La STPS tiene apenas nueve inspectores para vigilar y verificar todos los centros de trabajo del Estado. Una tarea titánica, pues tan sólo en un centro de trabajo minero se tienen que revisar más de 300 lineamientos.

AL TIRO

Un dato revelador que debería atraer la atención, al menos ahora que inició una nueva legislatura federal, es la respuesta que la
STPS dio a una solicitud de información hecha por mi compañero
Armando Ríos.

La STPS refiere que no existe un ordenamiento jurídico que señale la obligación de los patrones a registrar ante la Secretaría el inicio de operaciones. Por ese motivo no inspeccionan minas de “nueva creación”, porque desconocen que trabajan y sólo se enteran hasta que se presentan quejas (normalmente de trabajadores) o “lamentablemente ocurre un accidente, lo que nos permite saber de su existencia y poder ordenar la inspección correspondiente”.

Es decir, la Secretaría del Trabajo pone en práctica aquel viejo refrán: “Después de ahogado el niño, tapan el pozo”.