Teófilo Benítez Granados: Justicia transaccional
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Por debajo del radar de la opinión pública y política, Benítez Granados ha seducido a ministros, magistrados y miembros de los mecanismos judiciales federal y de la Ciudad de México a través de títulos académicos y reconocimientos
Esta es la historia de Teófilo Benítez Granados, un abogado penalista que encontró la fórmula perfecta para crear una red de contactos en el Poder Judicial y lograr una capacidad de influencia a través de algo de la condición humana: la vanidad. Por debajo del radar de la opinión pública y política, Benítez Granados ha seducido a ministros, magistrados y miembros de los mecanismos judiciales federal y de la Ciudad de México a través de títulos académicos y reconocimientos, cuyos resultados en los últimos ocho años sugieren una transaccionalidad de sentencias.
Una investigación en fuentes abiertas y en bases de datos a las que se tuvo acceso encontró vínculos de al menos 81 integrantes activos y en retiro del Poder Judicial con el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC). Se trata de una universidad privada clasificada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ranking de “escuelas de calidad”, de la cual Benítez Granados es su rector. De esos 81, 26 admitieron públicamente haber sido profesores en esa institución y 15 cursaron un posgrado.
El modus operandi de Benítez Granados se cruza con la polémica sobre la calidad de los jueces y magistrados que resultaron de la reforma judicial, promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a 15 días de terminar su mandato y respaldada sin oposición por la aún presidenta electa Claudia Sheinbaum. Dicha reforma produjo el relevo de la mitad del Poder Judicial el año pasado, mientras que la otra mitad será electa en junio de 2028.
La forma como Benítez Granados acumula egresados y condecorados entre miembros del Poder Judicial, y entrega reconocimientos o doctorados honoris causa a figuras como la ministra Yasmín Esquivel y la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, le sirve para pulir su imagen y reforzar la percepción de que es un abogado con fuertes conexiones en ese sector. Otros seducidos por los grados fueron Alfonso Suárez del Real, un político discreto con gran influencia en temas de comunicación política en Palacio Nacional, y la consejera de la Judicatura capitalina, Irma Guadalupe García Mendoza.
Otro reconocimiento académico a Álvaro Augusto Pérez Juárez, cuando era magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sugiere conflictos de interés y posible justicia transaccional. En julio de 2018, Benítez Granados logró que dos juzgados civiles de la Ciudad de México, que dependen de ese Tribunal, le entregaran dos inmuebles bajo lo que se llama “prescripción positiva”, que es un medio legal para adquirir la propiedad de un bien mediante el paso del tiempo y bajo condiciones específicas, tras declarar en rebeldía a sus contrapartes.
Dos meses después, Benítez Granados le entregó un doctorado honoris causa a Pérez Juárez, y en marzo de 2019, en uno de los inmuebles que le concedieron, inscribió un aviso preventivo de compraventa a favor del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para el Retiro de los Jueces al Servicio del Tribunal Superior. Nunca causó sospecha la secuela de eventos, aparentemente sin conexión, por lo que tampoco se investigó si hubo un pago de favores o, incluso, en especie.
Otro caso involucra a Mariana Morán, quien era presidenta de un partido local en la Ciudad de México: Equidad, Libertad y Género (ELIGE), que fue el nido al que llevó Benítez Granados a su hijo, Teófilo Benítez Estrada, acompañado por un profesor del CESCIJUC, Óscar César Augusto Romero, que también era el titular de la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, cuando fracasaron en lograr el registro de Vanguardia Ciudadana Democrática para las elecciones de 2021. La llegada de Benítez Estrada a ELIGE coincidió con cinco títulos académicos que le entregó su padre a Morán, quien sólo en un día, el 24 de abril de 2019, tramitó cinco cédulas profesionales.
Morán concluyó un doctorado en Derecho Civil en julio de 2012 y, apenas seis meses después, obtuvo una maestría en Pedagogía. Un año y medio más tarde sumó otro doctorado, este en Educación, y en los 12 meses siguientes una maestría en Administración Pública. Transcurridos dos años, recibió el doctorado en Administración y Políticas Públicas. En sólo cinco años completó todos esos estudios que normalmente llevarían tres veces más de tiempo.
Tras la entrega de esos grados, Benítez Estrada fue nombrado copresidente de ELIGE, mientras que el director de Posgrado del CESCIJUC, Francisco Javier García Ramírez, se convirtió en el representante del partido en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En las elecciones de 2021, ELIGE fue señalado de vender candidaturas. El partido se encaminaba a perder el registro –lo que sucedió– cuando se dio el colapso de la Línea 12 del Metro, donde rápidamente buscó lucrar políticamente con ello, al utilizarlo como bandera para recolectar votos y posicionarse ante una ciudadanía que no le hacía caso.
Benítez Granados se volvió asesor jurídico de 13 de las 103 víctimas de esa tragedia, a quienes, según señalamientos públicos, les quiso cobrar el 30 por ciento de la compensación recibida, advirtiéndoles que, de terminar por adelantado sus servicios, tendrían que pagarle como penalización más de tres millones de pesos. Esta situación motivó en ese momento una reacción de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que casi “habían extorsionado a las familias de las víctimas”. Hasta la fecha no existe una sentencia firme a su favor ni una justicia para las víctimas, con quienes ha lucrado el abogado.
Estos casos son botones de muestra de lo que sucede en el microcosmos del Poder Judicial, donde la discrecionalidad de títulos ha sido funcional a los intereses de Benítez Granados. Hay razones para investigarlo: pese a tener una matrícula 30 por ciento menor que la UNAM, entregó 120 por ciento más títulos de doctorado en Derecho y Criminalística, 500 por ciento más que el Instituto Nacional de Ciencias Penales y 400 por ciento más que la Escuela Libre de Derecho. Cosa rara, no ha despertado la curiosidad en la SEP ni motivado, al menos, una revisión de lo que es públicamente verificable y socialmente esperable.
