UAdeC: Veredicto legal. Los riesgos de la democracia universitaria

Muy a su pesar al grupo de “universitarios” que con su plantón desquiciaron el flujo vehicular del bulevar Venustiano Carranza durante cinco días, de pronto se les esfumó su pretexto con la conclusión del proceso electoral en el que la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) eligió nuevo rector. No obstante haber perdido frente a la sociedad y a la comunidad universitaria, el grupúsculo, que en su mayoría no pertenecen a la UAdeC, según ellos mismos lo dijeron, algunos son egresados y otros estudiantes de otras instituciones, anunció que no se retiraría hasta no ver cumplidos los siete puntos solicitados en su pliego petitorio.

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Finalmente, y ante la intervención el viernes del flamante nuevo rector, aceptaron liberar la vialidad, pero continuarán su protesta en el edificio de Rectoría. Además de la duda sobre la legalidad de su postura y de su “pliego petitorio”, la pregunta obligada es: ¿será este el primer acto de lo que viviremos en el primer semestre de este año electorero?

En cuanto al proceso de la elección de autoridades, la UAdeC las realiza a través de la “votación universal”, es decir, el voto directo y secreto de profesores y alumnos. Sin embargo, desde sus orígenes autónomos, su propia legislación le negó ponderación al voto y los emitidos tanto por unos como por los otros tienen valor igual. El Estatuto Universitario, emanado del movimiento que conquistó la autonomía universitaria en 1973, aprobado dos años después, en 1975, permaneció intocado durante 48 años, hasta que se actualizó en algunos aspectos el año pasado, durante la gestión del rector saliente, Salvador Hernández Vélez. Sin embargo, el proceso para la elección de autoridades no fue objeto de revisión. Una tarea pendiente que no conviene postergar.

Inserta en un complejo escenario mundial, con cambios que modifican cada día la tarea educativa, nuestra Universidad ocupa hoy un buen lugar entre las mejores universidades mexicanas. Eso la obliga aún más a enfrentar las exigencias de cambio en sus estrategias y sus esquemas para cumplir cabalmente sus objetivos. Y los cambios pudieran darse, precisamente, en el proceso de elección de autoridades conforme a la experiencia de los múltiples procesos realizados en casi 50 años y en cerca de 70 unidades académicas.

Por lo demás, el reciente proceso se realizó con apego estricto al Estatuto Universitario. Al haber un solo contendiente, la elección devino en plebiscito, es decir, en cuestionamiento a la comunidad universitaria para preguntarle si quiere en el cargo a la persona que se registró como candidato, o si quiere una nueva convocatoria. Conforme al espíritu democrático del proceso, los universitarios tuvieron las dos opciones y votaron. Octavio Pimentel Martínez obtuvo el triunfo frente a nuevas elecciones, su contendiente virtual. De los 32 mil 2 profesores y alumnos que participaron en las elecciones, 24 mil 371 votaron por Octavio, representando un 69.63 por ciento de la votación.

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La legitimidad de la votación no está en duda. Sin embargo, es hora de revisar la legislación universitaria y tratar de hacer posible la reunión consecutiva de los términos democracia y universitaria, que hasta hoy se antoja casi imposible. Si la democracia por sí misma es sutil y escurridiza, en Coahuila, la que pudiera darse en la UAdeC es casi impracticable, desde que su propia legislación en sus orígenes autónomos le negó la ponderación al voto. No puede tener el mismo valor el voto de un alumno de nuevo ingreso a una preparatoria, que el de un profesor investigador con 20 o 30 años de trabajo.

El rector es, al final del día, un maestro en función temporal de autoridad, pero su investidura, igual que la de un director, debe contar con la adhesión, el consentimiento y, sobre todo, el reconocimiento de sus iguales. La Universidad, campo fértil para la rivalidad entre intelectuales y para que cada quien defienda su saber y su verdad, es al mismo tiempo el lugar ideal para compartir con los pares la percepción que cada quien tiene en su campo de especialidad, y el lugar idóneo para que los iguales decidan quién debe dirigir sus destinos. El estudiantado no puede ni debe definir a la máxima autoridad universitaria.