Votos y balas

Estamos en plena temporada electoral y los partidos y candidatos están pendientes de las encuestas, las prerrogativas y los donativos. Ninguna reacción hubo a una cifra presentada por Data Cívica la semana pasada: en abril, la delincuencia organizada asesinó a 15 gobernantes y exgobernantes. La indiferencia facilita el asalto criminal al Estado.

El estudio de Data Cívica forma parte del proyecto “Votar entre balas. Entendiendo la violencia criminal-electoral en México”. Colaboraron Sandra Ley y Amalia Pulido del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del CIDE, quienes consideran que los 15 asesinatos demuestran la capacidad de los “grupos criminales para incidir en el ámbito político aun en periodos post-electorales y con autoridades [que] aún tienen vínculos importantes con la política local”. A finales de mayo difundirán una base de datos con información sobre violencia criminal-electoral a partir de 2018.

Otra estudiosa de la violencia, la profesora de la UNAM Serena Eréndira Serrano Oswald, presentó en 2021 un estudio respaldado por el INE: “La violencia política por razón de género y su impacto en el proceso electoral 2020-2021”. El trabajo es serio por su rigor y por lo que arroja: las candidatas entrevistadas “manifestaron tener temor de hacer carrera política ante el riesgo de ser asesinadas” (Guadalupe Irízar, Reforma, 6 de mayo de 2022) y responsabiliza a los “partidos políticos, sus dirigentes y militantes, principalmente hombres” de auspiciar la violencia de género.

Podría continuar enumerando estudios hechos por instituciones académicas, organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales sobre el asalto de los cárteles al poder público. Opto por revisar la reacción de los partidos que son, en el papel al menos, los principales interesados en prevenir la oleada de ataques a la institucionalidad democrática.

A medida que la sociedad documenta lo que está pasando, los partidos empiezan a reaccionar. Después de las mega elecciones de 2021, el PAN, el PRI y el PRD hicieron el estudio “El crimen organizado en el proceso electoral 2021”. Con el documento en mano, en agosto de ese año fueron a Washington, donde lo entregaron a la Organización de los Estados Americanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les pidieron intervenir porque la “coerción criminal” estuvo “presente como nunca antes” en los comicios de 2020-21.

El tono del relato es sombrío. “Grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna. Las amenazas se hicieron extensivas a la poselección mediante una impuesta ley del silencio sobre todo lo que había ocurrido”. En 53 páginas bosquejaron lo sucedido en los estados de Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí (respeto el orden seguido por los partidos).

El texto es una recopilación de calidad desigual y la ausencia de una buena metodología lo debilita. Tal vez por ello, se abstuvieron de difundirlo y no ordenaron una investigación que profundizara en un tema prioritario. Tampoco lo han hecho en el Congreso e ignoro si las instituciones de seguridad tienen algo al respecto. La indiferencia de los partidos es inaceptable porque para ellos no existe la austeridad. En el trienio 2020-22 recibieron 16 mil 646 millones de pesos en prerrogativas federales, además de los recursos que otorgan todos los estados.

Afortunadamente, el PAN ya incluyó en su propuesta de reforma electoral la anulación de aquellas elecciones en las cuales participe el crimen organizado. Es una buena propuesta que requerirá de una metodología adecuada para estimar la magnitud de la presencia criminal en las urnas. Por ahora, lo único cierto es que nos falta conocimiento.

En suma, los académicos, los periodistas y los organismos civiles sí están advirtiendo sobre la última fase del asalto criminal al poder, y el gobierno y los partidos gobernantes han respondido con reticencias y tibiezas pese a que saben que el control de los gobiernos es un portón para el expansionismo criminal. Basta de una clase política que se comporta como espectadora indiferente de una realidad que pone en riesgo nuestra incipiente democracia.

@sergioaguayo

Colaboró Dulce Alicia Torres Hernández