Las autoridades neoyorquinas apuntan que la empresa obtuvo vacunas bajo falsos pretextos y se las puso a personas que no están en la lista de prioridad. ESPECIAL
El anuncio de Cuomo llega después de que este fin de semana las autoridades neoyorquinas informasen de que están investigando a la red de clínicas Parcare por supuestamente haber obtenido de manera fraudulenta dosis de vacunas

NUEVA YORK, EU.- Las autoridades de Nueva York anunciaron ayer que van a imponer multas de hasta un millón de dólares y la retirada de licencias a médicos o clínicas que hagan fraude con las vacunas de la covid-19, por ejemplo administrándolas a personas que no tienen prioridad.

“No vamos a tolerar ningún fraude en el proceso de vacunación”, aseguró el gobernador estatal, Andrew Cuomo, en una rueda de prensa en la que aseguró que busca “mandar una señal muy clara a los proveedores de que si violan la ley sobre estas vacunaciones, los vamos a encontrar y perseguir”.

El anuncio de Cuomo llega después de que este fin de semana las autoridades neoyorquinas informasen de que están investigando a la red de clínicas Parcare por supuestamente haber obtenido de manera fraudulenta dosis de vacunas e ignorado las directrices sobre quién debe recibirlas.

Parcare, que tiene centros en Manhattan, Brooklyn y a las afueras de la Gran Manzana y que sirve sobre todo a pacientes ultraortodoxos judíos, anunció a través de Twitter el pasado 16 de diciembre, dos días después del inicio de las vacunaciones en Estados Unidos, que iba a disponer de dosis limitadas del producto y que las pondría a disposición de clientes que cumpliesen con ciertos criterios por orden de solicitud.

Después, compartió una fotografía -que luego fue borrada- de un rabino siendo vacunado.

Según The New York Times, Parcare ha confirmado que el hombre recibió una vacuna, pero asegura que lo hizo porque trabaja a diario en la clínica.

Sin embargo, las autoridades neoyorquinas apuntan que la empresa obtuvo vacunas bajo falsos pretextos y se las puso a personas que no están en la lista de prioridad.

El gobernador confirmó que la policía estatal está estudiando el caso y se lo va a transferir a la oficina de la fiscal general, Letitia James, que lo convertirá en una prioridad.