Foto: Cuartoscuro
Añade que este expediente estaría constituyendo el primer caso legal del actual Gobierno en contra de un funcionario de alto nivel del sexenio de Enrique Peña Nieto

De acuerdo a la columna de Carlos Loret de Mola, que Vanguardia publicó, el Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha decidido actuar en contra de quien parece tener el caso más sólido: según fuentes de alto nivel en el Gobierno Federal, desde Palacio Nacional se ha confeccionado la denuncia contra Lozoya Austin por el caso Odebrecht.

 

Añade que este expediente estaría constituyendo el primer caso legal del actual Gobierno en contra de un funcionario de alto nivel del sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Menciona que el balón quedaría en la cancha del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con un antecedente clave: el último titular de la PGR, Raúl Cervantes (Alberto Elías Beltrán nunca pasó de encargado de despacho), anunció al renunciar al cargo que la investigación sobre Odebrecht estaba concluida y lista para las consignaciones. Nunca sucedieron: Elías Beltrán pateó el asunto durante el año que estuvo al frente de la PGR.

Agrega que uno de los primeros expedientes que presentó Santiago Nieto al incorporarse al Gobierno del presidente López Obrador y participar en las reuniones del gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, fue justamente un detallado reporte sobre presuntas transferencias, cuentas bancarias, vínculos de los que él ha hablado públicamente desde hace meses, acusando que es un tema donde no puede seguir reinando la impunidad.

La investigación que inició cuando era fiscal para delitos electorales en la administración priista pasada estaría siendo continuada con las herramientas financieras de su nuevo cargo en el gobierno morenista.

Concluye mencionando que desde que estalló este escándalo, Lozoya Austin ha sostenido su inocencia. Sus abogados han trabajado intensamente en su defensa, tanto en tribunales como en medios de comunicación.

Hace menos de un mes se reveló que la administración anterior del gobierno de México se comprometió “a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” a cambio de información (El Universal, febrero 15 de 2019), según explicó la actual Fiscalía General de la República.