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La empresa manifiesta que, con base en sus acuerdos con autoridades de Brasil y Estados Unidos, ha tenido la disposición de colaborar con las investigaciones que inició la PGR por los sobornos confesados por sus directivos a funcionarios mexicanos

De acuerdo a Reforma, luego de que Odebrecht admitió haber pagado millones de dólares en sobornos ahora acusó que es víctima de una red de corrupción en México

Añaden que en una queja presentada ante la CNDH, señala a 12 funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellos los titulares de la PGR y de la Función Pública, Alberto Elías Beltran y Arely Gómez, respectivamente, de armar una estrategia para inhibir la investigación de los actos de corrupción que denunció y de los cuales sólo en México no ha habido sancionados.

La queja de Odebrecht fue presentada por Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado del gigante constructor brasileño.

"Resulta evidente que ha sido estrategia de miembros del Gobierno federal, a través de la SFP, imponer sanciones a mis representadas, en violación sistemática de sus derechos, como si éstas fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados", dice el escrito, fechado el 3 de diciembre.

La empresa manifiesta que, con base en sus acuerdos con autoridades de Brasil y Estados Unidos, ha tenido la disposición de colaborar con las investigaciones que inició la PGR por los sobornos confesados por sus directivos a funcionarios mexicanos.

Pero, indica, las autoridades mexicanas lo que han hecho es iniciar indagatorias administrativas y sancionar a Odebrecht por temas que son absolutamente ajenos a las investigaciones de cohecho.

Otros de los funcionarios señalados por Odebrecht en esta supuesta andanada en su contra son José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño, ex directores de Pemex, y el ex titular de Pemex Transformación, André Arthur Glorieux González.

Entre las acusaciones directas afirma que la Función Pública, entonces a cargo de Arely Gómez, la inhabilitó por 4 años para concursar por contratos públicos con base en un documento "prefabricado" y que Pemex se ha negado a reconocer el contrato Tula I para construir las plataformas de la refinería Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la queja, la SFP inició investigaciones en su contra sin incluir a los funcionarios, usó pruebas ilícitas, le sancionó sin tener facultades, le impuso dobles multas y no citó testigos de descargo.

La constructora asegura que buena parte de las presuntas anomalías que le imputa la Contraloría Federal en realidad se trata de actos autorizados por miembros del Consejo de Administración de Pemex, a los cuales no se les ha investigado.

"Diversas de las supuestas irregularidades que se imputan, así como supuestos incumplimientos en los contratos denominados Tula I y II, fueron expresamente autorizados por los órganos internos (representantes, miembros del Consejo de Administración de Pemex y/o Pemex Transformación Industrial, Comité de Adquisiciones, etc.) de Pemex", advierte.

A la Constructora Norberto Odebrecht (CNO), así como a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y sus ejecutivos, les iniciaron ocho procedimientos administrativos de sanción, de los cuales dos se acumularon y al final quedaron seis.

En uno se le impuso una inhabilitación de 2 años con 6 meses y el pago de una multa de 543 millones 488 mil 615 pesos, en otro sólo 2 años y en uno más la inhabilitación fue de 4 años, aunque en este caso un tribunal ordenó reponer el procedimiento. 

 

Los demás expedientes siguen en instrucción.

El 8 de diciembre de 2017, la empresa CNO fue inhabilitada por un periodo de 4 años para participar en contrataciones por supuestos cobros indebidos de costos indirectos en el contrato para construir las plataformas de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.

De acuerdo con la compañía brasileña, la sanción se basa en un dictamen contable del 21 de agosto de 2017 aparentemente encargado por Pemex al despacho Enrique Estrella y Asociados S.C.

Durante el procedimiento administrativo de sanción, este documento nunca les fue entregado para tener una defensa adecuada y formularon su contestación sin tener la posibilidad de desvirtuarlo.

Un tribunal federal ya ordenó reponer el procedimiento mediante el cual fue emitida esta inhabilitación.

Derivado de este mismo contrato, el 7 de febrero de 2018 la empresa CNO fue inhabilitada por 2 años por presuntamente actuar con dolo o mala fe en su pretensión de obtener pagos en exceso por más de 119 millones de pesos.

Odebrecht alega que todos los contratos celebrados por Pemex son de naturaleza privada y están regidos bajo la legislación mercantil y común, por lo que la competencia para sancionarle corresponde al Poder Judicial y no al área de Responsabilidades de Pemex, que depende de la SFP.

El 16 de abril de 2018, la SFP inhabilitó a la empresa CNO y su filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México por un periodo de 2 años con 6 meses para participar en contrataciones y le adjudicó el pago de una multa de 543 millones 488 mil 615 pesos.

Otro aspecto que señalan como una violación legal es que la SFP les responsabiliza de no haber demostrado sus capacidades técnicas y financieras para este contrato, cuando en realidad no estaban obligadas a acreditarlas, ya que las cláusulas sólo les exigían una garantía corporativa.

Con información de Reforma