De acuerdo con información que circuló ayer, la Audiencia Nacional de España dio “luz verde” para que el aún presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, sea extraditado a México para ser juzgado por los presuntos delitos que aquí le imputa la Fiscalía General de la República.

Y aunque el empresario aún puede apelar la resolución y ello implica que la posibilidad de su llegada al País aún deberá esperar, este primer dictamen marca un momento importante en el proceso penal que se le sigue.

¿Por qué? Porque este fallo implica que las autoridades españolas –que le arrestaron hace un año– han evaluado ya las imputaciones formuladas contra Ancira y encontrado causa suficiente para que se le juzgue de acuerdo con las leyes mexicanas.

En este sentido conviene recordar que los tratados de extradición, en general, implican que el país que reclama a un individuo, a quien se considera probable responsable de un delito, debe aportar elementos que demuestren, en principio, un par de cosas:

La primera es que el delito por el cual se le persigue esté referido a una conducta que el derecho penal –en general– considera delictiva. Esto quiere decir que el delito en concreto exista en la legislación de los dos países: el que lo reclama y el que lo arrestó.

Aunque el empresario aún puede apelar la resolución, esta marca un momento importante en el proceso penal que se le sigue"

La segunda es que se exhiba evidencia que apunte claramente hacia la probable responsabilidad, es decir, que los elementos con los cuales se armó el caso en México vinculen de forma preliminar la conducta específica con el individuo a quien se considera responsable de esta.

Así pues, lo que el fallo del juzgado español plantea es que México ha demostrado a los captores de Ancira que los hechos a partir de los cuales se integró el expediente de investigación en nuestro País al menos demuestran dos cosas: que se cometió un acto ilícito y que el directivo de AHMSA podría ser el responsable del mismo.

Esto no quiere decir, y conviene puntualizarlo, que Alonso Ancira haya sido encontrado culpable. Eso ocurrirá, en todo caso, durante el juicio que se le siga en México. Hasta que eso no ocurra, debe presumírsele inocente.

Sin embargo, la primera resolución también ofrece otra conclusión que en este caso resulta sumamente importante: que las acusaciones de “persecución política”, esgrimidas por Ancira, no pudieron ser demostradas por él y sus abogados, argumento en el cual han basado su resistencia a la extradición.

Aún correrá mucha tinta en este episodio, sin duda. Pero por ahora, lo que parece más probable es que uno de los personajes más polémicos de la historia reciente del País termine en México sometido a un proceso penal en el que sus acusadores se han anotado el primer round.

Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el caso que, además, se encuentra vinculado con otros exfuncionarios públicos a quienes el Gobierno de la República ha señalado de haber cometido actos de corrupción en el pasado.