Altos funcionarios: ¿ganan mucho o ‘lo justo’?

Uno de los aspectos que establece diferencias importantes entre la forma de ejercer el presupuesto, en el sector público y la iniciativa privada, es el uso de herramientas técnicas para determinar los salarios que se pagan a quienes ocupan las posiciones jerárquicas más altas.

El elemento clave de esta diferencia es la competitividad, pues los salarios de los altos ejecutivos en la iniciativa privada se determinan con base en el mérito y las capacidades personales, a diferencia de lo que ocurre en el sector público en donde, salvo muy pocas excepciones, los salarios de los altos funcionarios se determinan basados en la más absoluta discrecionalidad.

Cuando una empresa decide ofrecer un salario elevado, además de importantes prestaciones, para una posición de alto ejecutivo, lo hace fundamentalmente porque está tratando, en primer lugar, de atraer al mejor talento disponible y, en segundo lugar, porque pretende retener a quienes ocupen dichas posiciones.

De esta forma, los salarios de la alta jerarquía privada son “competitivos” en términos del perfil de quienes los perciben: se le paga muy bien a alguien que cumple con el perfil del puesto –previamente establecido– y, además, cumple con las metas que se esperan de su posición.

La fórmula del sector privado implica la búsqueda de un resultado concreto: optimizar los recursos económicos utilizados en el pago de salarios y prestaciones para mejorar el desempeño de la organización.

En el sector público, en cambio, difícilmente pueden encontrarse parámetros similares que justifiquen –o al menos expliquen– los salarios y generosas prestaciones que se otorgan a muchos funcionarios de alto nivel.

Por regla general, en lo que hace a los puestos de la alta jerarquía pública, no existen perfiles de puesto definidos, es decir, no se conocen los requisitos en materia de formación académica y experiencia profesional que habría de cumplir obligatoriamente quien ocupe determinada posición.

Tampoco existen procesos estandarizados de reclutamiento y selección que garanticen la utilización de criterios objetivos en la designación de los funcionarios, razón por la cual es materialmente imposible saber si quien ocupa el cargo era la mejor opción para el mismo.

Finalmente, no se utilizan mecanismos de medición del desempeño que evalúen los resultados concretos obtenidos por nuestros burócratas “de alto nivel” y, en ese sentido, a los ciudadanos nos queda siempre la duda de si merecen el sueldo y prestaciones que les pagamos.

Por ello resulta importante el señalamiento realizado por el director del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna, Marco Antonio Zamarripa, en el sentido de que es imperioso legislar en esta materia, a fin de que la determinación de los salarios de la alta burocracia del Estado y los municipios atienda a reglas puntuales de carácter objetivo.

No es poca cosa de lo que se habla: se trata de más de 16 mil millones de pesos anuales, tan sólo en el caso del presupuesto estatal. ¿Está bien invertido ese dinero? A juzgar por los resultados que podemos ver en múltiples áreas, parece justo decir que muchos altos funcionarios, en realidad, nos quedan a deber.