AMLO quiere quitar concesión del puerto de Veracruz a paraestatal; es de particulares, asegura
El mandatario señaló que la Administración Portuaria Integral de dicha estructura está en manos de particulares
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un "engaño y una simulación" que una empresa desconcentrada del propio Gobierno federal tenga la concesión del puerto de Veracruz.
Como ejemplo, puso el caso de la privatización de los ferrocarriles hecha durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo.
"Los ferrocarriles son medios de comunicación cuyo dominio tiene que ver con la nación y el Estado mexicano, pero existe una concesión, estas se entregaron durante el Gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces ya la función pública se cede ante el interés privado, la administración privada. Pues es lo mismo con las famosas API (Administración Portuaria Integral)", explicó en conferencia de prensa desde Querétaro.
El titular del Ejecutivo adelantó el martes que la administración federal buscará la revocación de este contrato.
"Un delincuente de una banda debe ser castigado, pero, a ver, ¿el que otorga un contrato para que una empresa maneje el puerto de Veracruz 100 años qué? ¿Cómo se le llama a eso? O sea, un bien público que se entrega por 100 años, me acabo de enterar. Claro hay que hay que buscar que se revoque ese contrato", comentó.
López Obrador remarcó que la revisión del acuerdo es necesaria porque si bien el Gobierno es accionista de las API, la administración corresponde completamente a particulares.
El mandatario también criticó el hecho que la ampliación de 50 años de la concesión se firmó cuatro días después de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018, es decir, el 6 de julio.
"(Vamos a revisar) quiénes son los beneficiarios y los montos, porque tampoco se puede decir que durante todo este tiempo ha mejorado mucho el puerto de Veracruz", dijo este miércoles.
La Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, una empresa desconcentrada de su propio Gobierno, cuyos directivos son designados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, son funcionarios públicos.
Es la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria-del Gobierno federal-quien coordina el sistema a través del cual los “negocios se promueven” en los puertos federales y son dirigidos y controlados por sus accionistas, consejos de administración, esto según la propia página de la Coordinación General de Puertos y Marítima Mercante.
