Banobras otorgó créditos por más de cuatro mil mdp a empresas de Grupo Higa

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó dos créditos y tres contratos entre 2012 y 2014, por más de cuatro mil 400 millones de pesos, a empresas de Grupo Higa, constructora favorita del gobierno federal.

De acuerdo con un informe en poder de este diario, en 2012 la institución financiera entregó dos créditos a Juan Armando Hinojosa, a través de su empresa Autopistas de Vanguardia SA de CV, para participar junto con otros bancos, en el financiamiento del proyecto de construcción de los 38.7 kilómetros de la autopista Toluca–Naucalpan, la cual presenta un retraso del 30%, debido a que hay conflictos sociales que impiden tener acceso a 2.5 kiló- metros del trazo troncal de la autopista.

Ambos créditos ascienden a 2 mil 775 millones de pesos; sin embargo, debido a un amparo concedido por la jueza federal Laura Gutiérrez de Velasco a Autopistas de Vanguardia SA de CV, Banobras no ha podido dar a conocer los términos en los que se otorgó el crédito para la construcción de esta autopista, que le fue concesionada a Grupo Higa por el gobierno del Estado de México, en septiembre de 2007, en licitación pública.

Consultado al respecto, Alfredo del Mazo, quien de 2012 a 2015 se desempeñó como director de Banobras, actual candidato a gobernador del Estado de México, dijo que esos créditos fueron autorizados durante la administración del expresidente Felipe Calderón y la exdirectora del banco, Georgina Kessel, y que ante el cambio de gobierno federal, a él sólo le correspondió realizar las ministraciones de dicho crédito.

"A esta administración federal sólo le correspondió formalizar los créditos previamente autorizados”, confirmó Abraham Zamora Torres, extitular de la institución

CONTRATOS

Higa no sólo se ha visto beneficiada con créditos de Banobras en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, también recibió dos contratos de obras a dos de sus empresas en 2013, los cuales ascendieron a mil 620 millones de pesos. Estos recursos fueron destinados a la ampliación de dos tramos de la autopista Guadalajara-Colima, cuyo título de concesión tiene Banobras. Esta vía consta de 148 kilómetros y forma parte del corredor Manzanillo–Tampico, que constituye el enlace más importante entre la zona centro– occidente del país y el puerto de Manzanillo. 

Desde 2010 arrancaron los trabajos de ampliación de esa autopista, los cuales quedaron incompletos, por lo que en 2013, para concluirlos, se hizo una invitación restringida a diversas empresas, para participar en la construcción de los subtramos 1 y 2.

Las dos filiales de Grupo Higa ganaron la adjudicación por parte del fideicomiso que preside Banobras.

"Constructora Teya y Concretos y Obra Civil del Pacífico, fueron quienes presentaron las ofertas más sólidas y más económicas para realizar esas obras y por eso les fueron asignadas conforme lo establecen las reglas del fideicomiso, las cuales obligan a una contratación por invitación restringida a cuando menos tres empresas; además que esta decisión fue tomada colegiadamente por un comité”, dijo en entrevista Alfredo del Mazo

Banobras también otorgó un contrato, de abril de 2013 a diciembre de 2015, por 10.7 millones de pesos, a una empresa de taxis aéreos propiedad de Grupo Higa.

Hasta 2006, Banobras contaba con su propia aeronave, la cual fue dada de baja por antigüedad. A partir de entonces, el banco contrató el servicio de taxis aéreos a la empresa Aerolíneas Ejecutivas SA de CV; al vencimiento de éste, Banobras, a través de una adjudicación directa, le otorgó el nuevo contrato a la empresa Eolo Plus SA de CV, propiedad de Juan Armando Hinojosa.

"Eolo fue la que ofreció las tarifas más bajas y aeronaves en mejores condiciones de seguridad para los usuarios, por lo que, en una decisión colegiada, el Comité de Adquisiciones del banco optó por su contratación” dijo Del Mazo.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, en 2015 el contrato fue auditado por la Función Pública, quien determinó dos observaciones, mismas que fueron subsanadas en tiempo y forma sin que haya probado la existencia de irregularidades normativas en la administración del mismo.