La experiencia de García Villa parece dejar claro que no había interés en debatir con seriedad la idoneidad de los perfiles para ocupar magistraturas, sino acelerar la concreción de un acuerdo

“Fue un procedimiento tortuoso, me siento muy desalentado por estos procedimientos y nada se corrige. Yo, en la votación de la ternas, en un caso me abstuve y en el otro voté en contra. Está viciado el proceso, en el sentido literal y estricto sí cumple Bernardo, pero es un procedimiento opaco que no da tiempo de nada, no es lo que pudiéramos exigir en un trámite democrático”.

La frase anterior corresponde a las declaraciones realizadas por el diputado Juan Antonio García Villa, que describe su experiencia como integrante del Consejo de la Judicatura, órgano del Poder Judicial de Coahuila que participa del proceso de designación de nuevos magistrados locales.

De acuerdo con el legislador –cuyo origen partidista no le impide criticar el procedimiento mediante el cual fue designado su correligionario Bernardo González Morales–, el procedimiento de análisis y votación de las ternas para seleccionar nuevos magistrados –del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje– “estuvo viciado”.

“El reglamento interno del Consejo dice que todo el material debe de entregarse mínimo dos días antes, yo lo señalé de manera enérgica, que el consejo, a partir de que la presidenta Cárdenas se fue, ha venido actuando de esa manera. Ese día ni siquiera nos entregaron el documento por escrito”, afirmó el legislador.

Referir la experiencia de García Villa es importante para dimensionar lo que se ha señalado anteriormente en relación con la designación del exdirigente estatal del Partido Acción Nacional como nuevo integrante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Y es que lo señalado por el legislador, como miembro del Consejo de la Judicatura, vuelve aún más creíble la hipótesis de que la designación señalada tiene como explicación los acuerdos políticos entre el partido gobernante –el PRI– y el principal representante de la oposición –el PAN–, pero no el interés público, pues desde tal perspectiva los acuerdos debieran orientarse a garantizar los mejores perfiles para este tipo de posiciones públicas.

La experiencia de García Villa parece dejar claro que no había interés alguno en debatir con seriedad la idoneidad de los perfiles propuestos para ocupar magistraturas, sino solamente acelerar la concreción del acuerdo político detrás de las propuestas.

Como se ha dicho anteriormente, tal hecho no solamente convierte en criticable la designación de una persona que, aun cuando en lo estrictamente formal pueda considerarse que cumple con los requisitos para ocupar el cargo, en términos éticos resulta sumamente cuestionable.

Seguramente la crítica no implicará que se dé marcha atrás a esta designación, porque en el interés de quienes concretaron el acuerdo no está que la opinión pública tenga una percepción positiva del procedimiento para designar altos funcionarios, sino solamente surtir sus ambiciones personales.

El problema en ello es que se persigan las ambiciones particulares a cualquier costo. Incluido el abonar al descrédito de las instituciones públicas.