La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha sido aún más contundente en su juicio sobre lo ocurrido y ha aportado datos que llaman la atención y preocupan en el caso de Marco Tulio

Desde que se conocieron los primeros datos sobre los hechos, la noche del 31 de julio pasado, todo hacía suponer lo que la Fiscalía General de Coahuila se vio obligada a admitir unos días después: el migrante hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán fue asesinado por policías estatales que luego intentaron convertirlo en criminal.

La Fiscalía General de Coahuila, forzada por la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno de la República, dio marcha atrás al intento de criminalizar a la víctima y reconoció sin ambigüedades lo ocurrido.

Hoy, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha sido aún más contundente en su juicio sobre lo ocurrido y ha aportado datos que llaman la atención y preocupan.

En la recomendación 58/2019 la CDHEC afirma que, “antes de brindar la protección que la víctima requería”, los policías que participaron en los hechos “manipularon la escena del crimen, sembrando en la persona… dos armas de fuego y una bolsa plástica transparente que a su vez contenía ocho bolsas transparentes con polvo blanco”.

Para la Comisión, “las acciones descritas, configuran la violación al derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica en la modalidad de ejercicio indebido de la función pública” y por ello los cinco elementos involucrados en la trama deben enfrentar responsabilidades.

Hasta ahora, como se ha informado, sólo uno de los elementos involucrados en los acontecimientos ha sido vinculado a proceso –por ser quien disparó en contra de Marco Tulio– mientras que los otros cuatro habrían sido sujetos a medidas administrativas solamente.

Lo que la Comisión de Derechos Humanos afirma en su recomendación, sin embargo, es contundente: la manipulación de la escena del crimen, así como el intento de criminalizar a la víctima fue una acción que implicó la participación de todos los agentes presentes en el lugar.

Resulta obligado preguntar si las conclusiones a las que ha arribado el Ombudsman coahuilense existen también en la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General para investigar los hechos.

¿Tiene el fiscal Gerardo Márquez evidencia de que el agente detenido no actuó solo, sino que contó con la colaboración de sus compañeros en el proceso de manipular la escena y sembrar las armas de fuego y la droga para tratar de hacer pasar por un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías lo que hoy se sabe fue un artero asesinato?

Y si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿por qué no ha actuado en consecuencia solicitando la vinculación a proceso de los demás policías involucrados?

Un ser humano inocente perdió la vida por la actuación delincuencial de policías que deberían garantizar la seguridad de todos. Evitar que eso vuelva a ocurrir pasa necesariamente por investigar hasta las últimas consecuencias y castigar sin contemplaciones lo ocurrido.