La Constitución mexicana está diseñada bajo un modelo de divisiones de poderes. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen funciones diferentes. El propósito central de esta organización es evitar atropellos. Los constituyentes sabían que la conflación de funciones podía implicar abusos y arbitrariedades en el uso del poder. También entendían que el poder tiende a expandirse y trasgredir los límites establecidos. Por eso, establecieron en la Constitución mecanismos de frenos y contrapesos, mediante los cuales unos poderes pueden detener los excesos de los otros. Pero para que estos mecanismos funcionen, los miembros de un poder deben depender lo menos posible de los integrantes de los otros. Por ello, por ejemplo, ni el Ejecutivo ni el Legislativo deben directamente designar a jueces. 

La tarde del martes pasado, el Presidente propuso como nuevo procurador de la República a Raúl Cervantes. Cervantes estuvo en los reflectores de la opinión pública el año pasado cuando fue anunciado como posible Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, miembros de la sociedad civil cuestionamos su idoneidad a la Corte no sólo por ser miembro de otro poder (en ese entonces era Senador) y militante activo del PRI (partido por el cual fue dos veces diputado y abogado), sino también por su cercanía con el equipo del Presidente. Además de encabezar la defensa legal a Peña en el caso Monex, es primo del Consejero Jurídico de la Presidencia y del excomisionado para Michoacán Alfredo Castillo Cervantes. 

Un día después de presentada la propuesta para hacerlo titular de la PGR, el Senado ratificó el nombramiento. La comparecencia frente a la Comisión de Justicia duró poco más de una hora, la votación en el pleno menos. No se hicieron preguntas sobre el candidato ni se cuestionó su idoneidad para el cargo. No se habló de su pasado o su cercanía con el PRI. Más grave aún, no fue motivo de discusión que el nombramiento probablemente implica también el del próximo titular de la Fiscalía General de la República, la institución que pronto habrá de sustituir a la PGR. Dice un transitorio de la reforma que al expedirse la norma orgánica de la Fiscalía el titular de la PGR se convertirá en el primer fiscal. Una enorme falla que significa que la Ley Orgánica de la Fiscalía se va a expedir con un titular particular en mente.

La Fiscalía se creó con el objeto de despolitizar la justicia penal, para dar autonomía a una institución que una y otra vez ha sido acusada de usarse con fines políticos. Ahí están el michoacanazo, la fuga de Duarte y un largo etcétera. La creación de la Fiscalía busca poner al frente las necesidades de la sociedad, en lugar de las del Gobierno Federal, y también dotar de legitimidad al sistema de procuración de justicia mexicano que hoy es sinónimo de corrupción, excesos, ineficacia y arbitrariedad. En el nombramiento de su titular es indispensable la mayor transparencia y meticulosidad. En la designación de Raúl Cervantes, no obstante, no hubo nada de eso. Lejos de fungir como un órgano revisor, el Senado apadrinó la decisión del presidente sin ofrecer razón alguna para sustentarla. En lugar de actuar como un contrapeso al Ejecutivo y legitimar el proceso de nombramiento, optó como oficialía de partes, con total opacidad.

La presente administración está acusada de crímenes de corrupción, de graves violaciones de derechos humanos y de no investigar los delitos que se cometen. Aun teniendo la capacidad para ser un buen fiscal, el nombramiento de Cervantes no puede verse más que como ejemplo del cuatismo que impera en la política mexicana y como otro elemento de la reinante impunidad. Su nombramiento socava, de inicio, cualquier pretensión de legitimidad que podría tener la Fiscalía. De nuevo los mexicanos pagamos millones para que todo siga igual.

@cataperezcorrea