Contraloría de QRoo confirma desvío por 806 mdp
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La Auditoría Superior concluyó que los convenios suscritos entre la Sedatu y el SQCS únicamente fueron el mecanismo para justificar los pagos con recursos públicos que fueron desviados
Por Ernesto Aroche para Animal Político
El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) no pudo solventar las irregularidades en los convenios que recibió de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por 806 millones de pesos de acuerdo con una auditoria iniciada por la Secretaría de la Contraloría de esa entidad.
La dependencia informó al organismo estatal desde el pasado 22 de marzo el inicio de los procedimientos administrativos contra exfuncionarios que estuvieron el frente del organismo en las fechas en las que se firmaron los convenios entre ellos: Jorge Eugenio Acevedo Marín, exrepresentante legal y titular del organismo en el sexenio de Roberto Borge.
Los millones que recibió la televisora estatal de Quintana Roo entre 2015 y 2016 fueron dispersados en al menos 33 empresas y 49 contratos sin licitación de por medio, con esquema similar al utilizado en la trama de la Estafa Maestra, un sistema que permitió un fraude al erario público por más de 5 mil millones de pesos utilizando convenios con universidades públicas, como documentó Animal Político.
Entregan contratos antes del convenio
Entre 2015 y 2016 la Sedatu firmó dos convenios generales con el sistema de comunicación del gobierno de Quintana Roo, aprovechando una excepción legal marcada en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite contratar servicios con otra instancia pública sin pasar por un proceso de licitación.
Por la Sedatu firmó como responsable Luz María Orozco Quiroz en su calidad de titular de la Dirección General de Comunicación Social y por el SQCS Jorge Eugenio Acevedo Marín, como director general y representante legal.
Se trataron de convenio irregulares de origen, de acuerdo con la auditoria de la Contraloría estatal pues no fueron autorizados por la Junta Directiva.
La dependencia estatal también encontró que el SQCS empezó a entregar los contratos con las empresas subcontratadas desde julio 2015, aunque el convenio general entre Sedatu y el organismo quintanarroense se firmó dos meses después, el 17 de septiembre de ese año.
También detectó la falta de facturas que comprueben el gasto de 37 millones de pesos y la entrega de “anticipos” por el 98% del monto subcontratado.
La actual directiva del SQCS, que encabeza Martha Silva Martínez, no solventó las irregularidades por 806 millones de pesos ni presentó a la contraloría del estado las “medida correctivas y preventivas”, por lo que ahora será la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial definir las acciones legales.
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