Coparmex exige dictaminar Ley de publicidad gubernamental

Ciudad de México. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al Poder Legislativo a dictaminar la ley reglamentaria de la Constitución en materia de publicidad gubernamental, por ser relevante y porque la obligación de discutir el tema debe ser cumplida.

“Por la relevancia instrínseca del asunto, la inminencia de la obligación a ser cumplida y la proximidad de la preclusión del plazo conferido, la Coparmex hace un firme llamado al Poder Legislativo Federal, para iniciar el análisis, proceso de debate y dictaminación de la Ley reglamentaria de la Constitución en materia de publicidad oficial”, dijo el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther.

Recordó que la reforma constitucional de 2014 estableció la obligación para el Congreso de la Unión de legislar en este asunto pero no fue atendida oportunamente.

“La atención debe ser urgente por los legisladores por el plazo legal que transcurre, pero su importancia de fondo, radica en la imperiosa necesidad de fortalecer el derecho de información y la libertad de expresión, consubstanciales a toda democracia moderna”, afirmó el dirigente patronal.

Acusó que en la actual administración, “el ejercicio del gasto público ha estado plagado de inconsistencias y contradicciones. Mientras se contraen o mantienen prácticamente iguales los presupuestos en sectores vitales como educación, salud y desarrollo social, los recursos destinados al gasto en comunicación social en el gobierno, prácticamente se han incrementado notoriamente”.

Apuntó que en casi seis años, el gobierno federal ha gastado 71 por ciento más del presupuesto que tenía autorizado para este rubro. “Es un mal recurrente que no distingue entre orientaciones partidistas, pues la anterior administración federal, también se excedió un 66 por ciento en el gasto de publicidad, respecto de lo autorizado por el Congreso en su momento”.

De Hoyos Walther expresó que la violación de la normatividad presupuestal, sistemática y deliberada, “debe tener consecuencias jurídicas severas, en un País que se pretende sustentar en el Estado de Derecho”.