Debe abrirse expediente del caso San Fernando a familiares: Corte

México.- La Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a abrir las averiguaciones previas de la matanza de migrantes, ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, y a entregar copias a dos mujeres de El Salvador, quienes perdieron a su hijo y a un hermano en manos de Los Zetas.

Así lo resolvieron este miércoles 2 de marzo los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes sentaron un precedente histórico, porque las familias que reclaman tener acceso al expediente de las matanzas ahora podrán conocer las investigaciones.

De manera unánime, los ministros de la Primera Sala votaron a favor del proyecto elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el cual reconoce como víctimas a los familiares de los migrantes asesinados, les da derecho a tener copias del expediente de la PGR y acceso a mecanismos de reparación del daño.

El fallo de la Corte favorece a Bertila Parada, madre de Carlos Alberto Osorio, y a Alma Yesenia Realegeño Alvarado, hermana de Manuel Antonio, migrantes centroamericanos cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas de San Fernando.

“Espero que llegue la justicia a las familias de migrantes”, dijo Bertila Parada al momento de salir de la Corte.

Carlos Alberto Osorio salió de El Salvador el 17 de marzo de 2011 rumbo a Estados Unidos. Nueve días después, el 26 de marzo, Carlos se comunicó con su familia y les informó que estaba en Monterrey, Nuevo León, listo para cruzar la frontera con EU, pero eso no ocurrió.

Luego de varios días de no tener noticias sobre el paradero de su hijo, Bertila Parada acudió a la Cancillería de El Salvador para denunciar la desaparición de Carlos Alberto.

El 14 de diciembre de 2012, la Fiscalía de el Salvador se puso en contacto con la señora Bertila Parada para informarle que los restos de su hijo habían sido identificados en el interior de una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas.

Cuando Bertila pidió pruebas de que los restos eran de su hijo, dejó de tener noticias del caso. Un año después las autoridades del Salvador le pidieron que firmara la autorización para que los restos de su hijo fueran cremados y repatriados a El Salvador desde México. Ella no aceptó.

En México, la PGR negó tener información del caso de Carlos Alberto, pese a que la petición de la cremación venía de las autoridades mexicanas.
Un fallo histórico

Luego de que se diera a conocer el fallo de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, varias organizaciones civiles que han acompañado el caso de los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, en dos hechos diferentes -en agosto de 2010, cuando se encontraron a 72 migrantes asesinados, y en 2011, cuando se hallaron 193 cadáveres, entre ellos también migrantes-, celebraron que se trata de una decisión “histórica”.

“Es un fallo histórico porque, por primera vez, un caso de una víctima migrante llega a la Suprema Corte del país, y además le otorgan el amparo. Nunca ante se había dado algo así en México”, señaló en entrevista con Animal Político Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, quien explica que la decisión de los jueces podría abrir la puerta a cientos de familias de migrantes que han sido víctimas en México a que accedan a los expedientes de las investigaciones de los casos, y así poder acceder a la justicia.

No obstante, Delgadillo matiza que, a pesar de que se concedió el amparo, los ministros también determinaron que se hagan una serie de “modificaciones” al proyecto realizado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el cual reconoce como víctima a Bertila Parada y a Alma Yesenia Realegeño Alvarado.

“Creemos que se harán cambios positivos al proyecto, pero esperaremos para ver cómo vienen y pronunciarnos”, dijo la directora de la Fundación para la Justicia.

Por su parte, David Mora, integrante del programa de acceso a la información de la organización Artículo 19, apuntó que si bien “se trata de una celebración triste, porque no deberíamos estar celebrando que una víctima pueda acceder a la investigación de lo que le pasó a su hijo”, coincidió que estamos ante una “decisión histórica”. Porque si para un ciudadano mexicano es muy difícil ejercer todos sus derechos como víctima, para una familia migrante que no está en México, lo es mucho más”, planteó el integrante de Artículo 19.

Asimismo, Mora indicó que la decisión de los jueces puede suponer “un antecedente muy importante” para que se abran las investigaciones de otros casos. En este sentido, el activista recordó que Artículo 19 ya solicitó a la Procuraduría General de la República que abra el expediente de la masacre de San Fernando, para que las familias víctimas de migrantes puedan saber qué pasó aquel agosto de 2010, cuando 72 migrantes fueron asesinados.

Por ello, dijo, el fallo de la Suprema Corte puede ser una puerta de acceso para saber qué paso en San Fernando y en otras masacres como la de Cadereyta, en Nuevo León, cuando en el año 2012 se encontraron 49 cuerpos mutilados.

Mientras que Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación de Amnistía Internacional, subrayó que la decisión de la Suprema Corte “manda un mensaje muy fuerte: que las víctimas, independientemente de dónde se encuentren y de qué nacionalidad tengan, tienen derecho a tener información sobre los casos de sus familiares”.

Incluyen a 16 en el Registro Nacional de Víctimas

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), informó por medio de un comunicado que registrará a 16 personas víctimas de la masacre de San Fernando, provenientes de Guatemala, El Salvador y Brasil, “así como a familiares que representan y que también son víctimas indirectas del caso”, en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). 

Asimismo, la CEAV indicó que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), realizará las gestiones para que las víctimas “reciban asistencia médica, psicológica y de trabajo social en sus países de origen”. Y agregó que se acordó cubrir los gastos funerarios “que pudieran originarse por la posible entrega de restos de sus seres queridos, en caso de resultar algún positivo en las pruebas de ADN”.

Con información de Manu Ureste (@ManuVPC)