Desaparecidos, el reto de las instituciones

El fin de semana anterior se desarrolló en Saltillo el primer foro nacional para la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada, durante el cual fueron analizados los retos que implica la ejecución de dicha norma, misma que pretende responder adecuadamente a un fenómeno que afecta a miles de familias mexicanas.

Uno de los desafíos que implica el fenómeno es el relativo a los recursos que el Estado destina a la búsqueda de personas desaparecidas, así como a la investigación de los delitos relacionados con los casos de desaparición, variables que determinan la posibilidad de resolver uno de los más complejos problemas que padecemos en México.

A la fecha, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, existen al menos mil 666 casos respecto de los cuales resulta necesario realizar una investigación que satisfaga las demandas de sus familiares.

Paralelamente se ha informado que sólo 28 agentes del Ministerio Público se encuentran asignados a las tareas de investigación que implican la integración de los expedientes de cada uno de los casos, y la presentación de estos ante los jueces que deben juzgar las conductas ilícitas, relacionadas con los mimos.

Los estándares internacionales, de acuerdo con los especialistas que participaron del Foro, demandan que las fiscalías especializadas en el tema sean reforzadas por los estados, pues de lo contrario las investigaciones necesarias avanzarán a un ritmo mucho menor al requerido.

No se trata, desde luego, de destinar recursos humanos, materiales y financieros a la búsqueda de personas desaparecidas y a la investigación de los delitos relacionados con éstas, a partir de considerar que tales hechos sean prioritarios sólo porque se trata de personas desaparecidas.

La necesidad de investigar los casos, relacionados con quienes han sido víctimas de desaparición forzada, deriva del hecho de que se trata de un fenómeno que representa un episodio cruento de la vida nacional, cuya génesis deriva en gran medida al fracaso del Estado en el cumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Adicionalmente, es preciso insistir en el hecho de que tal fracaso es uno que no puede volver a ocurrir, por ello el esclarecimiento de los hechos que derivaron en la desaparición de cientos –acaso miles– de personas, deben ser investigados con eficacia, de forma que no solamente se castiguen los delitos ocurridos, sino que se detecten puntualmente los errores en los cuales incurrió el Estado y que no deben repetirse.

Se trata de un reto mayúsculo, pero de la mayor relevancia. Un desafío que las instituciones públicas deben acometer con seriedad y determinación, para arribar a la resolución del mismo en el plazo más corto posible, pues sólo así la herida que este episodio le ha causado a la sociedad mexicana comenzara a cicatrizar.