Descalifican a dos expertas del GIEI por violar derechos

Nacional
/ 22 diciembre 2015

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal arremetió una vez más en contra de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que participan en la investigación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa

MÉXICO.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal arremetió una vez más en contra de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que participan en la investigación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, por considerar que dos de sus integrantes han violado derechos humanos cuando eran funcionarias en sus respectivos países.

El presidente de la organización, José Antonio Ortega, explicó que en el caso de Ángela María Buitrago, hoy experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales y antes ex fiscal General de Colombia, ella ordenó investigar al coronel colombiano Luis Alfonso Plazas Vega.

Agregó que como fiscal, Buitrago acusó de manera formal al militar retirado de participar en la desaparición de 11 civiles y la presunta ejecución extrajudicial de otras personas, delitos cometidos durante el asalto del Ejército de Colombia a la Suprema Corte de ese país.

Durante más de ocho años, el coronel Plazas Vega fue investigado por el testimonio de un ex cabo y de la hermana de una desaparecidas, los cuales fueron desestimados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que emitió una sentencia que el pasado 17 de diciembre echó abajo las imputaciones realizadas por Ángela María Buitrago en contra del coronel.

Recordó que Claudia Paz, ex fiscal de Guatemala, también fue acusada en su momento de violar derechos humanos en una serie de investigaciones que emprendió en contra de mandos militares involucrados en la persecución de la guerrilla que se mantuvo activa en ese país durante décadas.

EL DATO

> Ortega Sánchez es un abogado vinculado a la Iglesia católica que apoya la tesis de que el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, perpetrado el 23 de mayo de 1993, fue un crimen de Estado y ha solicitado investigar a Raúl Salinas.

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