Desde 2005 existe el espionaje en Coahuila
Personajes como el obispo Raúl Vera o el mismo alcalde Isidro López, se han quejado de intervenciones telefónicas
Desde 2005, defensores de los derechos humanos y actores políticos del estado de Coahuila se vieron afectados por espionaje.
El diario The New York Times publicó ayer una investigación en la que revela que destacados defensores de: derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano que, en teoría, sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México: Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
DESDE 2005
En Coahuila, este problema se viene arrastrando desde 2005 con la publicación de las conversaciones entre el obispo Raúl Vera López y Nelly Herrera, líder de la organización en el Estado, “Alianza Cívica”. En octubre de 2005, el obispo denunció ante la Procuraduría General de la República el caso de espionaje telefónico del que fue víctima durante el proceso electoral que se llevó a cabo en ese entonces, cuando fue electo como gobernador Humberto Moreira Valdés.
En la grabación filtrada de una llamada telefónica, Herrera y Vera hablaban sobre preparar una serie de medidas públicas a fin de cuestionar el dispendio en las campañas electorales del PRI, a través de las cuales Humberto Moreira Valdés consiguió el triunfo en la contienda por la gubernatura de Coahuila.
Los dos defensores de derechos humanos se quejaron de que el entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila no haya sancionado a los partidos y candidatos que violaron el código electoral.
El empresario y quien fue candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido Morena, Armando Guadiana, también ha denunciado en varias ocasiones el espionaje que ha sufrido. Las grabaciones que se han filtrado son conversaciones con su esposa.
TRAS GUADIANA
En octubre del año pasado, un anónimo “pirateó” el canal del avatar del diario El Español y publicó un audio en Youtube. En éste se filtró una conversación telefónica entre Guadiana y su hija Cecilia Guadiana Mandujano. En la charla él le pregunta cómo se encuentra su amiga Paola Muñoz, hija de Juan Manuel “El Mono” Muñoz, según publicó VANGUARDIA.
Asimismo, en un boletín difundido por Gobierno del Estado también contenía un audio donde Armando Guadiana sostenía una charla con su esposa.
De acuerdo con una publicación del 5 de julio de esta casa editorial, en 2014 el Alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, pagó un desplegado a manera de carta abierta pidiendo la intervención del Presidente de la República porque sus conversaciones estaban siendo divulgadas. Además, interpuso una denuncia ante la PGR.
Estado cuenta con sofisticado equipo Por: José Reyes Luego de que el diario The New York Times reportó que periodistas y activistas mexicanos han sido espiados con un software llamado Pegasus, por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el caso recordó el equipo adquirido por el Gobierno de Coahuila para intervenir teléfonos, cuya versión oficial tras darse a conocer de su existencia fue que se utiliza para casos de secuestro.
En octubre del año pasado, VANGUARDIA dio a conocer que el Gobierno del Estado adquirió en 2014 un programa para la localización e intervención de teléfonos para la investigación de secuestros.
El sofisticado equipo para la intervención de telecomunicaciones tuvo un costo de 16.6 millones de pesos.
Sin embargo, el asunto generó suspicacia en algunos políticos coahuilenses, como Armando Guadiana Tijerina, quien opinó que el sistema es utilizado para espiar a personajes políticos no afines al Gobierno.
Según el también empresario carbonero, el equipo realmente es usado para espiar los teléfonos de periodistas y empresarios, entre muchos otros personajes de interés para el Gobierno del Estado.
