Despliegue de ‘fuerza’ contra el director de VANGUARDIA
Policía élite del Estado encabeza operativo en un inmueble, derivado de un presunto procedimiento civil plagado de ilegalidades
Durante el amanecer de ayer viernes, “Fuerza Coahuila” encabezó un operativo donde hubo destrozos a propiedades del Director General de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo, al proteger un presunto procedimiento civil plagado de ilegalidades, en el que además se allanó, invadió y destruyó otros predios privados. Por la noche, la Secretaría de Gobierno, a cargo de Víctor Zamora, pretendió justificar estas irregularidades lanzando argumentos engañosos.
Debido al pronunciamiento, presión y exigencia de medios de comunicación y organismos de Protección a Periodistas nacionales e internacionales, luego de más de 14 horas de inicio del operativo, el Estado se vio obligado a emitir un boletín informativo.
En un supuesto lanzamiento de inmueble ordenado por la justicia civil, los periodistas de VANGUARDIA sufrieron ayer el nuevo ataque, cuando Castilla Galindo fue desalojado de su domicilio y despojado de todas sus pertenencias.
Si las agresiones de semanas pasadas habían sido anónimas, esta vez fue al amparo de la oscuridad y usando dos entes que poco dejan a la imaginación o especulación: Más de 30 elementos de “Fuerza Coahuila”, cuerpo élite de seguridad del Estado a cargo del Secretario de Gobierno, Víctor Zamora, y a órdenes del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Saltillo, César Alejandro Saucedo Flores… casualmente el mismo que lleva la demanda interpuesta por Humberto Moreira Valdés contra VANGUARDIA por una nota sobre su pensión.
El pretexto esta vez fue el cumplimiento de la orden de un juez de la Ciudad de México en el litigio que una mujer de Monterrey emprendió por una propiedad, ubicada en el sector de Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, que alguna vez fue del saltillense Gustavo Lara, quien la vendió hace más de 20 años a la familia Castilla, a quien nada se había informado ni notificado hasta antes de ayer sobre reclamo alguno.
Así, con un procedimiento totalmente inusual, plagado de irregularidades e ilegalidades protegidas por “Fuerza Coahuila”, un ejército de más de 100 personas además de la treintena de elementos policiacos arribó al lugar en patrullas, grandes camiones de mudanza y maquinaria pesada, “madrugando” para torcer y hacer a un lado el ordenamiento del juez de la Ciudad de México, quien pedía que se respetaran los derechos de quien en ese momento estuviera en posesión de la vivienda.
En su exhorto al juez saltillense, el juez de la Ciudad de México aclaró que en caso de que el lugar estuviera en posesión de una tercera persona (en este caso Castilla Galindo) se deberían “respetar los derechos posesorio (sic) de terceros que los acrediten fehacientemente”.
Fueron los elementos de “Fuerza Coahuila”, los “superpolicías” capacitados y creados para hacer frente al crimen organizado, quienes impidieron al Director General de VANGUARDIA y sus representantes legales acreditar la propiedad y sus derechos, aunque hubiera sido demasiado tarde, pues cuando llegaron los 100 desconocidos protegidos por los elementos policiacos habían prácticamente vaciado el lugar. Hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad ha respondido a dónde fueron llevados todos los bienes que había en la vivienda.
Fue un desalojo exprés. Lo menos grave que “Fuerza Coahuila” hizo ayer fue proteger este ilegal protocolo, pues participaron en invasión y daño a propiedad ajena, y para llegar al inmueble se allanaron varios predios, se rompieron cadenas y candados y se posesionaron por horas de estos lugares impidiendo el ingreso.
VANGUARDIA documentó estas ilegalidades, muchas de las que se reserva dar a conocer en este momento por estrategia jurídica.
Si bien las diligencias como la argumentada ayer son encabezadas por actuarios de algún juzgado, muchas de las órdenes fueron dadas por un hombre vestido de civil, quien presuntamente no tenía ninguna intervención legal.
Tras denunciar los abusos de “Fuerza Coahuila”, que obedece a las órdenes de Víctor Zamora, y del personal del Juzgado Segundo, cuyo titular es Saucedo Flores, tuvieron que pasar ¡más de 14 horas! para que la Secretaría de Gobierno del Estado diera una explicación pública sobre un procedimiento que –alega-- es completamente rutinario a mandato de un juez.
En el comunicado, el Estado dice que con Castilla Galindo se cruzaron “varias llamadas telefónicas”, quien solicitaba que se suspendiera el acto, cuando lo que el periodista intentó aclararle –y fue en una sola llamada— era que sus policías estaban en el terreno equivocado e impedían el paso ¡a dos kilómetros de la vivienda señalada por el juez Saucedo Flores y donde se desarrollaba la diligencia!
Como el boletín dice, Castilla Galindo no le informó al Secretario de Gobierno que había sido lesionado, pues el hecho aún no ocurría.
