Diez mil empresas realizan 'doble facturación', se pierden 500 mil millones de pesos: SAT

Dinero
/ 5 febrero 2019

Un grupo de trabajo integrado por funcionarios del gobierno federal y legisladores federales trabaja ya en elaborar una propuesta que de fin a la doble tributación

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) informó a la Cámara de Diputados de la existencia de 10 mil empresas, en todo el país, dedicadas a la doble facturación, fenómeno que genera “una tragedia fiscal” al país, porque se dejan de percibir 500 mil millones de pesos vía impuestos, cada año, reveló el presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena refirió que la decisión del Congreso federal, en concordancia con la propuesta del Ejecutivo Federal, para reducir los recursos destinados a las estancias infantiles que controlaba la Sedesol se derivó “de una compleja trama de corrupción en el manejo de los recursos públicos”.

Sobre el particular justificó esa determinación, “que no fue asumida por caprichos ni con objeto de afectar a nadie en particular (los propietarios de las estancias), si no a la ineficiencia en la administración de esos recursos, que eran utilizados con opacidad, y gran deficiencia”.

En torno a la doble facturación refirió que un grupo de trabajo integrado por funcionarios del gobierno federal y legisladores federales trabaja ya en elaborar una propuesta que de fin a la doble tributación. La norma aprobada -contenida en el Paquete Económico 2019-, relativa a enfrentar este mal hecendario resulta insuficiente, y será preciso en los próximos meses llevar ante el pleno del Congreso Federal una propuesta que de solución definitiva.

“Estamos ante un fenómeno ominoso para las finanzas del gobierno federal. Las cifras aportadas por el SAT revelan la existencia de 10 mil empresas dedicadas al manejo de la doble facturación, y con ello se presenta una evasión fiscal de 500 mil millones de pesos”.

Para Ramírez Cuéllar se precisa enfrentar ese boquete en las finanzas públicas para dar garantía al Ejecutivo Federal, a enfrentar los requerimientos financieros de los programas sociales a que se ha comprometido.

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