Drogas en la UAdeC: ¿la solución es el ‘antidoping’?

Uno de los peores vicios de nuestros servidores públicos es su incapacidad para plantear, frente a problemas complejos, propuestas de solución que vayan más allá de la superficie. Lejos de la posibilidad de concebir soluciones, integrales e inteligentes, lo que suelen proponer son ocurrencias.

Uno de esos problemas –para el cual nadie pareciera ser capaz de concebir una fórmula útil– es el del consumo de drogas entre los jóvenes, fenómeno que cada día amenaza más a los menores de edad. 

Un buen ejemplo de esta realidad es la discusión que ha generado el presunto caso de consumo de drogas –detectado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila– a partir de la difusión de un video en el que se aprecia a un guardia de la institución maltratando a un estudiante de la referida escuela.

La exhibición del video ha revelado, al final, la existencia de dos problemas en la UAdeC: por un lado, la presunta adicción a las drogas por parte de un segmento de la población universitaria; por el otro, la inexistente capacitación a los responsables de la seguridad institucional para atender casos donde se sorprenda a una persona consumiendo drogas.

Frente a tales realidades lo más lamentable es la evidente incapacidad de la UAdeC para reaccionar de forma adecuada y ofrecer, al menos, un compromiso de atención integral para los referidos problemas.

Lejos de tal posibilidad, el director de la Facultad de Jurisprudencia, Francisco Yáñez Armijo, explicó el fin de semana anterior que al discutir el problema con sus colegas, los directores de la Facultad de Ciencias Químicas y del Ateneo Fuente, llegaron a la conclusión de proponer a la Rectoría de la Universidad la práctica de exámenes antidoping a los alumnos, y el uso de perros entrenados para detectar drogas dentro de las instalaciones.

La pretensión ha sido –como era de esperarse– inmediatamente rechazada por alumnos de la institución y directores de otras escuelas, quienes la han tildado de anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos hacia las personas a quienes iría eventualmente dirigida.

Y ciertamente lo es, pero lo más grave ni siquiera es eso, sino que sea planteada por quien encabeza una comunidad que teóricamente debería ubicarse a la vanguardia en materia de estándares jurídicos, y tendría que ubicarse en la primera línea de defensa de derechos humanos.

Con independencia del desatino jurídico que representa la propuesta de Yáñez Armijo, nuevamente se evidencia la incapacidad de la UAdeC para plantear una propuesta que atienda al fondo del problema y se haga cargo de la obligación que la institución tiene de proteger a la porción de su población estudiantil que es menor de edad, es decir, sus alumnos de preparatoria.

Y para hacer esto, de acuerdo con la experiencia de quienes se dedican a la atención del fenómeno del consumo de drogas, lo que se requiere son acciones de carácter preventivo y no estrategias punitivas, cuya sola exposición pone en evidencia a los directivos de la máxima casa de estudios de la entidad, incapaces de atender un problema complejo y con un mínimo de imaginación y sentido común.