El parque solar "Don José", integrado por 850 mil páneles solares, genera 260 megawatss de electricidad desde 2018 en San Luis de la Paz, Guanajuato (Foto: Cuartoscuro/Misael Valtierra)
Aunque el Gobierno de la República ha intentado vender la idea de que el freno a las plantas generadoras de energía mediante fuentes renovables forma parte de su lucha contra la corrupción y la defensa de la soberanía, parece cada vez más claro que la explicación se encuentra en otra parte

Múltiples voces han coincidido, en los últimos días, en el señalamiento de que no existen razones válidas para que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) suspendiera las pruebas pre-operativas de 17 plantas generadoras de electricidad mediante la luz solar y el viento cuya puesta en marcha se proyecta para el futuro inmediato.

El argumento utilizado -una caída en la demanda de energía debido a la suspensión de múltiples actividades productivas debido a la pandemia del coronavirus- no alcanza para entender por qué se frenarían proyectos que todavía no se encuentran en operación y, en estricto sentido, no están compitiendo en el mercado eléctrico del país.

La explicación pareciera estar en otra parte, de acuerdo con diversos especialistas y se encontraría estrechamente relacionada con la “obsesión” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de sostener y acrecentar la capacidad de refinamiento de crudo del país.

¿Cuál es el problema con ello? En esencia, que las refinerías mexicanas, montadas a partir de tecnologías que han venido cayendo en la obsolescencia, producen grandes volúmenes de combustóleo, un carburante que se emplea fundamentalmente en la transportación marítima y que contiene altas proporciones de azufre, es decir, un combustible altamente contaminante.

...el combustóleo mexicano ha perdido mercado -debido a sus altos contenidos de azufre- y la única opción que le queda a PEMEX para “deshacerse” de él es vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad para que lo queme en sus plantas generadoras de electricidad"

Debido a que los gases despedidos por los buques constituyen una de las fuentes de contaminación atmosférica más importantes en el mundo, la Organización Marítima Internacional acordó establecer, a partir del primer día de este año, una regulación mucho más estricta para las emisiones de azufre generadas por los barcos que circulan por los océanos.

Esto implica, de forma ulterior, que el combustóleo mexicano ha perdido mercado -debido a sus altos contenidos de azufre- y la única opción que le queda a PEMEX para “deshacerse” de él es vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad para que lo queme en sus plantas generadoras de electricidad.

Pero, ¿cómo podría CFE quemar todo el combustóleo que produce PEMEX si debe competir con generadores de energía que utilizan tecnologías que, además de ser más limpias, producen electricidad a más bajo precio? La respuesta es que eso es imposible.

Por ello, haciendo buena -una vez más- la frase de que el coronavirus le vino “como anillo al dedo” a la 4T, el Gobierno de la República ha usado de pretexto la pandemia para impedir que empresas más eficientes que CFE puedan generar electricidad y desplazarla.

El problema no es solamente que esto condena a los consumidores a comprar energía más cara, sino que quienes viven en las comunidades ubicadas alrededor de las plantas generadoras de CFE son obligadas a respirar un aire contaminado causante de múltiples enfermedades.

Al final pues, no solo estamos declarándole la guerra a las energías limpias, sino que el Gobierno de la República le ha abierto los brazos una modalidad de contaminación ambiental que provoca miles de muertes al año en el mundo.