No se requiere ser adivino, para anticipar que independientemente de quienes resulten ganadores la noche del primero de julio o la madrugada del dos, un porcentaje importante de estos resultados será impugnado por los candidatos o partidos perdedores, mismos que recurrirán a los tribunales electorales. Ya que es una tendencia que ha venido en franco crecimiento en los últimos quince años en nuestro país. Incluso hay algunos partidos que se han acostumbrado a impugnar cualquier resultado que no les sea favorable, independientemente de la diferencia de votos o de si tienen elementos para sustentar conductas indebidas que alteraron de forma importante el resultado. 

Al respecto, caben al menos cuatro reflexiones, la primera es el papel central que tendrán los tribunales electorales, posterior a la jornada electoral, para definir el resultado de centenares de elecciones en todo el país. Ya que los mismos tendrán en sus manos la anulación de varios procesos que podrían generar algunas crisis postelectorales o bien dar certeza sobre el resultado final de las mismas. 

La segunda reflexión, es que debido a que en los últimos años se ha transitado a un esquema de convergencia de elecciones en las mismas fechas y al hecho de que en esta jornada electoral es donde estarán en juego más puestos de elección popular en toda la historia, se prevé una importante carga de trabajo para los tribunales electorales. Incluso hay analistas que consideran que los mismos podrían verse rebasados por el exceso de impugnaciones. En especial, las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde terminarán los asuntos que sean impugnados en los tribunales electorales locales. 

La tercera reflexión es el costo de la justicia electoral. La cual sin duda es necesaria para garantizar la voluntad democrática, pero cuando se usa de manera frívola por los actores políticos, que impugnan un resultado, incluso en más de una instancia, sin tener elementos, propician que se pierdan valiosos recursos públicos en el análisis de asuntos que de antemano saben el resultado.

Por último, la cuarta reflexión, es la importancia de que la sociedad analice con seriedad y de manera ecuánime las resoluciones de los tribunales electorales. Es decir, que evite que sus preferencias políticas sesguen el juicio de la forma en la que leen las resoluciones y eviten deslegitimar sin fundamento la labor de los propios tribunales. Ya que su credibilidad es fundamental para tener un sistema de elecciones confiable y sólido. 

Debido a lo anterior, es importante que como ciudadanía estemos consientes que muchos de los resultados definitivos de los procesos electorales en puerta, no los conoceremos el primero o el dos de julio, sino meses más tarde y hoy más que nunca la labor de los tribunales electorales tendrá un rol central en la definición de los ganadores. 

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