¿A esos magistrados vamos a confiar la elección de Coahuila?

Politicón
/ 17 septiembre 2017
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Directo al grano: hermanas de dos magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila que tienen la calificación de los comicios para Gobernador en su escritorio, han sido beneficiadas por las administraciones de Rubén Moreira y Enrique Peña Nieto con contratos millonarios.

Sí: dos de los tres juzgadores (una mayoría simple, visto de otra manera) que declararán la validez o invalidez de la elección celebrada el 4 de junio, están indirectamente comprometidos con los Gobiernos priistas que actualmente detentan el Poder Ejecutivo estatal y federal.

Se trata de Valeriano Valdés Cabello y Elena Treviño Ramírez.

Como consta en el Registro Público de Comercio, Claudia Valdés Cabello, hermana del funcionario, figura como accionista de la persona moral “Grupo Strova, S.A. de C.V.” con el 51 por ciento del total. Por su parte, Olga Treviño Ramírez, hermana de la funcionaria, aparece como integrante de la sociedad “R.G. Ingeniería, Construcciones y Avalúos, S.A. de C.V.”, al 50 por ciento.

El porcentaje restante de las empresas pertenece a sus respectivos cónyuges, Edgar David Strozzi Rodríguez y Ramiro Arturo Garza Soto, quienes facturaron 4 millones 240 mil 674 pesos y 26 millones 382 mil 139 pesos a razón de cuatro y 12 contratos celebrados entre 2012 y 2015.
“Grupo Strova” con el Gobierno federal, a través de la CONAZA y la SAGARPA; y “R.G. Ingeniería, Construcciones y Avalúos” con el Gobierno estatal, mediante la Secretaría de Finanzas a cargo de Ismael Ramos Flores y la Secretaría de Infraestructura en tiempos de María Esther Monsiváis.

No es el monto, sino el hecho.

Por ello viene a cuento una vez más la pregunta planteada en este mismo espacio la semana pasada: ¿pueden Valeriano Valdés, Elena Treviño y Ramón Guridi sustraerse a la presión que Gobernador y Presidente han inyectado a las autoridades electorales en los meses posteriores a la jornada electoral? ¿Son capaces de ser refractarios al bombardeo “Pro-Riquelme” que han recibido por diversas vías? ¿Cómo impartirán justicia cuando sus parientes consanguíneos han recibido ingresos importantes de quienes pretender imponer a su correligionario como sucesor? ¿Podemos confiar en su imparcialidad, independencia y objetividad?

Que los documentos fueron firmados antes de que Valeriano Valdés y Elena Treviño hayan sido designados, es verdad. Y que la designación de éstos la hizo el Senado de la República, un órgano en el papel independiente, es cierto. Como también es real que las personas morales citadas fueron constituidas en 2006 y 2008.

Sin embargo, los antecedentes minan la autonomía del Tribunal Electoral de Coahuila.

Y no es que padezcan problemas económicos. Gracias a su encargo como magistrados disfrutan siete años de “remuneración adecuada e irrenunciable” y un “haber de retiro” al acabar su función. Esa eufemística forma de llamarle a la pensión vitalicia, como la que gozan los expresidentes.

Ahora bien, no es la primera vez que los tentáculos de La Santa Nómina alcanzan a familiares de servidores públicos integrantes de organismos ‘autónomos’ en la entidad. Se ha documentado el caso de Gabriela de León Farías, Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, o el de Jesús Homero Flores Mier, Fiscal Anticorrupción.

¿Para ingresar al servicio público del estado forzosamente deben estar vinculados directa o indirectamente al grupo en el poder? ¿No hay otro mundo posible?

CORTITA Y AL PIE
Como dijera Luis Miranda, secretario de Sedesol, al ser cuestionado sobre las gasolineras irregulares de su familia, descubiertas la semana pasada: “yo qué chingao’s voy a saber los negocios que hace mi hermana”.

Una respuesta como esa en el caso que nos ocupa no es aceptable. Mucho menos cuando hay una gubernatura en disputa.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
Por lo demás, el Artículo 426 del Código Electoral es muy claro: “los magistrados del Tribunal Electoral deberán excusarse de conocer algún asunto en que tengan interés personal”.

Y si ellos por su cuenta no lo hacen, se les puede recusar. Aunque también se les puede otorgar el beneficio de la duda esperando que se comporten a la altura de las circunstancias.

Mientras tanto, conviene no perderlos de vista.

@luiscarlosplata

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