Desapariciones. Familiares de desaparecidos acudieron a Palacio de Gobierno; piden al Estado se reconozca que en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad entre 2009 y 2016. / Marco Medina
La investigación refiere que a partir de 2012 cambió la configuración de crímenes, pues aumentaron los casos por tortura y desaparición directamente por la fuerza pública

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y distintos grupos de familiares de personas desparecidas se reunieron con autoridades locales para que el Estado reconociera que en Coahuila se han cometido en los últimos años crímenes de lesa humanidad, como los denunciados en el informe “México: Asesinatos, desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza”. 

Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de los Derechos Humanos; Ariana García Bosque, representante Jurídico del colectivo “Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas”, de Piedras Negras, y Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, se reunieron con el procurador Homero Ramos Gloria, representantes de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y otras autoridades de segundo nivel, para solicitar que el Gobierno del Estado reconozca que entre 2009 y 2016 hubo desapariciones de manera sistemática de parte de las policías estatales. 

“Lo que nosotros queremos es decirle al Gobernador es que hay que reconocer la existencia de estos crímenes de lesa humanidad y que el hecho de que sean de este tipo tienen consecuencias muy importantes, como que estos casos no se pueden seguir investigando de manera individual.

“No se va a llevar a ninguna parte con estas investigaciones, se tiene que mirar el contexto y se tiene que buscar patrones, se tienen que agrupar los trazos donde se tiene un modus operandi de los crímenes similares para poder avanzar en la justicia, o si no van a permanecer en la impunidad y van a seguir cometiéndose”, explicó.

Según el informe presentado en julio pasado, la violencia sistemática que azotó a Coahuila de 2009 a 2016 ocurrió en 2 periodos: en el primero, evaluado de 2009 a 2011, se dio una política de ataque a la población civil debido a una colusión entre el crimen organizado y las fuerzas públicas, y en la que ocurrieron detenciones arbitrarias de parte de las policías locales que entregaban a los detenidos a los Zetas y posteriormente desaparecían. 

La investigación refiere que a partir de 2012 cambió la configuración de crímenes, pues aumentaron los casos por tortura y desaparición directamente por la fuerza pública y en particular por las fuerzas especiales del GATE y GROMS. 

Asimismo, dijeron que “fue un diálogo muy abierto, ellos sabían del informe, están abiertos a la discusión y a contestar preguntas. Hay un reconocimiento de la gravedad de la situación y presentaron la política pública que se está haciendo en términos investigativos, pero lo que dijimos es que queremos profundizar la administración de la justicia para seguir documentándola, pero hemos constatado es que no está funcionando”, señaló Jimena Reyes. 

Asimismo, informó que plantearán la posibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de tener un mecanismo donde se hagan las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad.

A la reunión pactada con el Gobernador del Estado, no acudió el Mandatario. “Nos dijeron que andaba en la Ciudad de México, aunque se supo que estaba en Piedras Negras acompañó al alcalde Fernando Purón en la inauguración de una cancha.

Masacres de Coahuila
-A inicios de julio pasado la FIDH presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el Estado de Coahuila. 

-El informe incluye 2 episodios violentos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza por parte de los Zetas de entre 60 y 300 personas en Allende, y la gestión del penal de Piedras Negras.