Pese a la existencia de un ‘sistema’ de fiscalización de los recursos públicos integrado de múltiples ‘capas’, la corrupción no sólo continua sino que goza de cabal salud.

“Hay la posibilidad de que a la Delegación se le autorice un área que tenga que ver con auditoría. ¿Cuál es la idea que para mí sería lo óptimo?: que pueda tener esta área y llegar sin decir ‘agua va’ a cualquier Oficina de Representación (antes Delegación Federal) para revisar expedientes… cómo está la licitación.

“Si voy a campo, revisar la obra o compra, los tiempos. Los precios de una obra se inflan por corrupción. Si ya sabes cuánto cuesta el litro de leche, no te la pueden vender más cara, es un absurdo que llegues y te digan que al DIF le vendieron al doble del precio que da un Oxxo, ahí hay corrupción”.

Las anteriores son afirmaciones del nuevo delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, al referirse a la forma en la cual buscaría, desde su encomienda, garantizar que en el ejercicio presupuestal de los recursos federales, que la administración del presidente López Obrador enviará a Coahuila, no existan vicios ni desvíos.

Se trata, a no dudarlo, de una buena intención. Y es, además, una intención que los ciudadanos no pueden sino agradecer, porque si de algo está todo mundo cansado es justamente de que los recursos públicos sirvan, en gran medida, para crear fortunas privadas.

Habría que ser cautos, sin embargo, antes de plantearse de manera acrítica que el sólo hecho de crear una nueva oficina de auditoría gubernamental va a resolver el problema de manera automática. Y es que justamente con el argumento de “resolver el problema” se han creado las dependencias públicas que actualmente tienen por mandato 
fiscalizar el ejercicio del gasto público.

Estamos prácticamente “inundados” de “órganos de control”. Los tenemos a nivel federal, estatal y municipal; los tenemos al nivel de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los tenemos en los órganos autónomos, en los descentralizados y en los desconcentrados.

Desde hace poco más de un año, a todos estos órganos de control debe añadirse la existencia de un “Sistema Nacional Anticorrupción” que tiene una réplica en cada uno de los estados de la República y que implica la existencia de un complejo entramado de “coordinación interinstitucional” teóricamente dedicado a combatir eficazmente la corrupción.

El problema es que, pese a la existencia de un “sistema” de fiscalización de los recursos públicos integrado de múltiples “capas”, la corrupción no solamente sigue presente en nuestro País, sino que goza de cabal salud.

La pregunta obligada es entonces, ¿por qué la simple creación de una nueva estructura burocrática para fiscalizar el ejercicio de los recursos del presupuesto público tendría un destino distinto al que han tenido todas las estructuras previas? O bien, ¿no sería mejor hacer que las actuales estructuras de control funcionen y cumplan de manera eficaz con su cometido, antes de pensar en la creación de otras nuevas?

Valdrá la pena que estas preguntas sean respondidas con seriedad antes de que se tome la decisión de incorporar otra “capa” de complejidad al de por sí complicado –cuanto ineficaz– entramado de vigilancia del gasto público en nuestro País.