Una de las cargas que implica ser un figura pública es verse obligado a “tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor que lo que están el resto de las personas privadas”.

El asunto se vuelve más difícil en la medida en la cual las acciones necesarias para garantizarnos a todos un mejor futuro demandan inversiones importantes que “no lucen”, es decir, que no les permiten a nuestros gobernantes “presumir” los beneficios que su gestión implica para nuestras vidas.

El concepto anterior forma parte de los criterios que ha construido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir, entre otros elementos, de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia del derecho a la libertad de expresión.

Esto no significa, por supuesto, que las personas públicas –señaladamente los gobernantes y empleados gubernamentales de alto rango– no tengan derecho al honor. Lo que implica es que los personajes públicos se encuentran mucho más expuestos a la crítica y, como parte de ésta, a los señalamientos de carácter fuerte y/o desagradable.

Y la razón fundamental por la cual se ha construido un criterio que obliga a las figuras públicas a tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor es que, por regla general, se han expuesto al escrutinio y la crítica de la comunidad en forma voluntaria.

El comentario viene al caso a propósito del contenido de un video en el cual aparece un grupo de servidores públicos, del municipio de Frontera, manifestando su “apoyo espontáneo” al alcalde Florencio Siller Linaje, debido a que habría sido objeto de “ataques” a través de publicaciones difundidas por redes sociales.

Entre quienes expresan solidaridad al munícipe se encontraría el responsable del área jurídica de la administración municipal, Alain Obed Mendoza, quien advierte de la “tolerancia cero” que el gobierno fronterense tendrá en contra de quienes ofendan al alcalde.

“No se va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que ninguna persona, ningún ciudadano, hable mal de nuestra investidura, que es el alcalde, mucho menos de nosotros, porque somos su equipo de trabajo… la persona que nos percatemos que está haciendo manifestaciones falsas… desprestigiando a este ayuntamiento, a este municipio y sobre todo a nuestro alcalde, se tomarán las medidas legales”(sic), advirtió el funcionario.

Desde luego que el alcalde fronterense y los funcionarios de su administración tienen derecho a defender su honor y a replicar a los señalamientos falsos que se formulen en su contra.

La “advertencia” lanzada, sin embargo, tiene un signo ominoso porque se trata de un individuo que ya ha sido acusado en el pasado de reaccionar en forma desproporcionada ante la crítica, e incluso su propia administración ha difundido imágenes en las cuales aparece un ciudadano ofreciéndole disculpas “por haberlo ofendido”.

No se trata de un hecho nimio ni del folclorismo de un Presidente Municipal a quien pueda calificarse de “peculiar”, sino del evidente exceso en el ejercicio del poder público, un exceso que obliga a voltear a ver a Frontera y a mantener bajo vigilancia a un alcalde cuya “sensibilidad” frente a la crítica puede implicar un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión entre sus gobernados.