¿GASOLINAZO?

La liberación de los precios de las gasolinas y el diesel es un proceso necesario para poder transitar de una economía monopólica a una economía de mercado competitivo. En este proceso el Estado mexicano deja de ser el único actor en la industria petrolera y permite al sector privado realizar inversiones y desarrollar la industria. Los beneficios que se esperan en este proceso incluyen: generación de empleo, mayor inversión, creación de infraestructura, el desarrollo de una industria que provee insumos estratégicos para la planta productiva del País y un menor costo para el erario público, es decir los impuestos que pagamos la mayoría de los mexicanos. En el mediano plazo, es también de esperarse que el desarrollo de un mercado competitivo beneficie a los consumidores con mejores servicios y precios. No obstante, la transición implica ciertos riesgos para el mercado, principalmente: la desaparición de subsidios generalizados, volatilidad de precios y reducción en la seguridad de suministro. 

Hasta hoy, el Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha beneficiado al País con una garantía de abasto de combustibles y un subsidio a los precios de los mismos. A pesar de estos beneficios, este modelo también trajo poca inversión en la industria petrolera, un sindicato lleno de privilegios y muy costoso para la sociedad mexicana y un grupo de proveedores y contratistas que se beneficiaron del modelo para recibir importantes contratos sin dar a cambio los bienes y servicios de calidad que requería la industria para desarrollarse. El monopolio petrolero ha costado a México miles de millones de pesos que se reflejan en las pérdidas acumuladas por Pemex (ver Gráfica 1). Durante muchos años esas pérdidas parecían irrelevantes porque eran cubiertas por los importantes ingresos que provenían de explotar el segundo yacimiento de petróleo más grande del mundo, Cantarell. A partir de 2004, la producción de Cantarell inició su declinación natural y poco a poco la empresa del Estado y México perdieron este importante recurso y sólo se quedaron con un monopolio ineficiente y costoso.

 La Reforma Energética de 2013 reconoció esta problemática y buscó la solución de la industria en la apertura de los mercados. Esta apertura necesariamente implica el fin de los subsidios generalizados (aunque existe la posibilidad que el Estado otorgue subsidios específicos a ciertas comunidades vulnerables), volatilidad de precios y posiblemente riesgos de suministro. Pero a cambio trae una mejor industria que beneficiará a todos los mexicanos y no sólo a los miembros de un sindicato o a los contratistas seleccionados a modo. 

La apertura de precios que inicia en 2017 es uno de los pasos que necesariamente tenemos que tomar para tener un mercado competido donde los participantes busquen la preferencia del cliente dando mejores precios y servicios y realicen las inversiones necesarias para reducir el costo de producir, importar, transportar, almacenar y distribuir hidrocarburos. Los precios finales de la gasolina y otros combustibles reflejan estos costos. Desafortunadamente, México tiene un importante rezago en la construcción de infraestructura de transporte y almacenamiento eficiente (poliductos y terminales de almacenamiento y reparto) y ha centrado su logística en sistemas poco eficientes que aún requieren autotanques (camiones) para realizar transportes de larga distancia. Los precios máximos anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) reflejan esas ineficiencias que anteriormente eran absorbidas por Pemex a manera de subsidio indirecto.

Hasta antes de esta apertura México tenía un precio regulado para las gasolinas y el diesel que aplicaba a todo lo largo del territorio. Este precio no reconocía el costo real en que incurría Pemex para importar, producir, transportar, almacenar y distribuir producto en todo el País, generando un subsidio indirecto que incidía directamente en los resultados de la empresa petrolera. Además, el 52% de este subsidio, al ser generalizado, beneficiaba a los dos deciles más altos de la población. Es decir, beneficiaba a los ricos. Por otra parte, este precio oficial incluía un impuesto variable que incrementaba o se reducía según el precio del petróleo. Al incrementarse los precios del petróleo el impuesto se reducía, llegando a ser negativo y al reducir los precios de petróleo el impuesto incrementaba.

Este mecanismo mantenía a la población blindada de los altibajos del precio del petróleo. Este impuesto es el Impuesto Especial de Producción y Servicio (IEPS) que a partir del año 2016 está fijo. Además del subsidio a los costos de transporte y el IEPS variable, debemos considerar que el 53% de la gasolina que se consume en el País es importada y por lo tanto está tasada en dólares. El tipo de cambio incide directamente en el valor del producto.

Durante 2017 los mercados regionales en México se irán abriendo paulatinamente de acuerdo con un calendario que fue publicado por la CRE. Mientras no se dé esta apertura las distintas regiones del País estarán sujetas a precios máximos que serán fijados mensualmente por la SHCP. Estos precios reflejan los costos reales de entregar los combustibles en las distintas regiones del País, el costo de producir las distintas calidades que se consumen en cada región y el costo de importar la gasolina, usando como referencia los precios del mercado de Houston. Por estas razones el cambio de precio es tan grande, ya que se están corrigiendo de manera simultáneamente distintas anomalías de precio. Debemos recordar que los precios que publicó la SHCP son precios máximos, así que si hay un vendedor de gasolina que pueda importar la gasolina de una manera más eficiente, tiene la opción de trasladar parte de esta eficiencia a sus clientes finales. Incluso, se puede pensar en una estrategia donde un gasolinero conscientemente reduzca su margen de utilidad, que actualmente es del 7%, y busque mejorar sus ingresos vendiendo más volumen. Estos son sólo ejemplos del tipo de dinámicas que se desarrollan en los mercados abiertos. En el mediano plazo los precios de los combustibles y la demanda del País atraerán a inversionistas que construirán la infraestructura necesaria para hacer más eficiente el transporte dentro de México. Actualmente existen cuando menos cuatro proyectos anunciados por la iniciativa privada para construir poliductos en México. Estas inversiones y las dinámicas de competencia mencionadas, harán más competitivo el precio de los combustibles en México.              

El malestar que ha demostrado la sociedad es entendible, pero buscar manifestarse contra los procesos de apertura de mercado sólo beneficia a aquellos agentes de nuestra economía que están interesados en preservar un sistema monopólico y beneficiarse de él.

*Bernardo de la Garza
Consultor en materia energética