Gobiernos incluyentes y gobiernos excluyentes

Por: Guadalupe Imormino De Haro

La finalidad de todo Gobierno es la búsqueda del bien común, que no es otra cosa que la generación de condiciones que permitan que las personas logren la satisfacción de sus necesidades básicas y el desarrollo de sus potencialidades. Pero ¿qué pasa cuando el Gobierno no sólo no cumple con su cometido, sino que excluye?

Lo anterior se antoja, además de paradójico, inverosímil, pero no lo es. La puesta en marcha de la acción de gobierno tiene lugar de forma preponderante a través de las políticas públicas, que en términos generales pueden entenderse como estrategias de acción para la solución de los problemas públicos.

En este sentido, las problemáticas que aquejan a la humanidad, como el hambre, la pobreza, el acceso a sistemas de salud, educación o empleo, entre muchos otros, son atendidos a través de las políticas públicas. Y entonces ¿qué pasa cuando éstas, aun en contra de su propia esencia, excluyen?

Lo que sucede es que se genera, sostiene, e institucionaliza una situación de discriminación respecto de determinados grupos de población; lo que a su vez no sólo no permite una contribución eficaz a la solución del problema público a atender, sino que puede perpetuarlo, o incluso generar uno nuevo, convirtiéndolo así en un proceso cíclico. 

En este respecto, quizás una mejor pregunta sea: ¿qué hace que una política pública sea discriminatoria? Lo hace la falta de consideración de los distintos contextos sociales. Es decir, la omisión de la inclusión en los procesos de políticas públicas de estándares mínimos capaces de poseer un significado común para todas las personas.

Así las cosas, crear entornos en los que la generalidad de las personas tengamos la oportunidad de comprender los extremos de toda acción pública parece imposible, y no, no lo es. Si bien es complejo, es susceptible de realizarse. Pero: ¿cómo se logra?

Una política pública incluyente se logra mediante la integración en sus procesos de un lente que facilite visibilizar a todas las personas: los derechos humanos. Al ser condiciones que interesan y afectan a todos, no sólo nos visibilizan, sino que nos permiten ser actores de nuestro destino como sociedad.

Por tanto, para lograr la generación de políticas públicas incluyentes, es necesario tomar como uno de sus ejes transversales a los derechos humanos, mediante su inclusión como normas que rigen la totalidad de sus procesos.

Y es que no se trata ya, al menos en nuestro país, de una demostración de buena voluntad del 
Gobierno, sino de una obligación jurídica derivada de la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud de la cual: toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias, debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

No obstante, el Gobierno de la exclusión es una realidad en muchos contextos. Esto puede atribuirse a la comodidad de los funcionarios públicos, y a la resistencia de los diseñadores de políticas públicas de incluir los principios de los derechos humanos, al considerar que inciden en la objetividad y racionalidad instrumental de la acción pública. Esta apreciación es falsa: los derechos se pueden objetivar.

Aunque la creencia de tal imposibilidad no es del todo su responsabilidad, sino de la incomprensión general de la interdependencia de las ciencias sociales, las ciencias exactas, las artes, que ha abonado a la incomprensión misma del hombre, de sus alcances, y por ende de sus derechos. De lo que sí son culpables funcionarios y profesionales de las políticas públicas es de ser acríticos.

Como resultado, las políticas públicas actuales no respetan y menos aún garantizan los derechos de todos. Basta salir a la calle y constatar que el diseño de muchas ciudades no es accesible para personas con discapacidad, que diversos programas públicos son catalogados como “apoyos” y no como el cumplimiento de obligaciones de las autoridades respecto de los derechos de las personas.

También puede verificarse, la falta de legislación que permita la autodeterminación y empoderamiento de la mujer; o como gran parte de programas públicos son inaccesibles en entornos rurales, dialectos indígenas o lenguaje ciudadano, sólo por mencionar algunos ejemplos. No, las políticas públicas no se hacen pensando en todos, así ya no parecen tan públicas.

Un bosquejo del estereotipo del diseñador de políticas públicas, resulta en un hombre, sin discapacidad, citadino, no indígena y de clase alta. Él no nos representa a todos, pero los derechos humanos sí, pues reconocen nuestras diferencias en un entorno de igualdad, nos hacen uno.

Al final, todos somos uno con los demás.
guadalupeimormino@gmail.com

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH