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Aunque han tenido al menos tres reuniones con autoridades federales, los familiares de niños con cáncer dicen que aún no ven los resultados prometidos

Por Manu Ureste (@ManuVPC) para Animal Político
 
 
“Su niña, o pierde el ojo, o pierde la vida. Usted decide”. 

Esta fue la terrible disyuntiva a la que hace un año se enfrentó Crisanto Flores cuando el pediatra oncólogo le dijo que el tipo de cáncer que desarrolló su hija Cristal Janeth Flores, de apenas tres años y medio, había avanzado de tal forma por su organismo que era imperativo extirpar lo antes posible uno de sus ojos.

Crisanto, un albañil de 55 años natural del puerto de Veracruz, cuenta que ese fue el momento más duro de su existencia: aceptar que su bebé perdiera un ojo, a cambio de ganarle tiempo a una enfermedad que cada día amenaza la corta vida de la bebé. 

Pero ahí, dice Crisanto, no termina su calvario. 

En febrero de 2018, le comunicaron que, por el bien de su hija, tenían que trasladarla desde el puerto de Veracruz hasta el Hospital Infantil Federico Gómez, en la Ciudad de México, porque en la capital cuentan con más recursos para atender el tipo de cáncer que desarrolló la niña en los ojos. 

El hombre no tiene más remedio que cerrar su casa, dejar su trabajo en la construcción, y venir a la capital pidiendo ayuda a unos familiares para que le den chance de quedarse de prestado en una habitación el tiempo que dura el tratamiento de Cristal Janeth.

Durante el 2018, la atención en el hospital es relativamente buena, admite Crisanto. Aunque a veces faltaban algunos insumos, los medicamentos básicos para las quimioterapias de su niña estaban disponibles y se los aplicaron con regularidad.

Los problemas, plantea a colación, comenzaron en enero de este año, con la transición del ya extinto Seguro Popular al nuevo Instituto de Salud del Bienestar (INSABI). Cuando llevó a la niña a que le dieran su primera sesión de quimio del año, en la farmacia le comunicaron que no había vincristina, uno de los fármacos básicos en el tratamiento del cáncer. 

“A mi hija ya le extrajeron un ojito -murmura el hombre-. Y ahora estamos tratando por todos los medios de salvarle el que le queda. Pero si no nos llega el medicamento a tiempo y de manera constante, ¿cómo la vamos a salvar?”.

Crisanto se ajusta los lentes sobre la nariz, niega levemente con la cabeza, y tras un breve silencio se responde a sí mismo.

“No puedo permitir que mi hija pierda su otro ojo –se exige con un tono severo-. Porque si lo pierde, ya nunca volverá a verme”. 

Por eso, Crisanto dice que el pasado 22 de enero no dudó en enfrentarse a los policías federales cuando él y otros padres bloquearon el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en protesta por la falta de medicamentos para sus niños.

Y también por eso, este lunes 10 de febrero participó en la firma de un amparo colectivo ante la justicia federal que interpuso junto a otros cuatro papás, para obligar a las autoridades federales de salud y a los hospitales públicos a brindar el tratamiento integral que necesitan los niños con cáncer para salvar su vida, incluyendo todos los medicamentos. 

“No puedo dejar a mi hija así nomás a la deriva -insiste el veracruzano-. Necesitamos que la justicia obligue a las autoridades de Salud a cumplir con sus obligaciones, porque nosotros no podemos esperar ni un solo día sin el tratamiento para nuestros hijos”.

Foto: Especial

El cáncer no espera

Junto a Crisanto se encuentra Fidel Sánchez Cruz, campesino de 37 años, natural de Zitácuaro, Michoacán, y papá de Jesús Francisco Sánchez, un niño de cuatro años con diagnóstico de leucemia desde los dos años. 

Ambos están sentados en las banquetas que hay en la puerta de acceso de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en Periférico Sur, donde, con la ayuda altruista de la abogada Andrea Rocha, interpusieron un amparo colectivo ante un juez federal, en el que anexaron como pruebas del desabasto varias recetas del IMSS con los medicamentos que no les surtieron. 

Como Crisanto, Fidel también tuvo que cerrar su casa, dejar su trabajo, y trasladarse al Estado de México para poder llevar con regularidad a su hijo al Hospital Infantil Federico Gómez, en la capital mexicana.

Aunque él, matiza, ha tenido una complicación extra: a pesar de las quimios que recibió el año pasado, Jesús Francisco sufrió “una recaída” que empeoró su diagnóstico hasta el punto de que los doctores le advirtieron que necesitaba con urgencia un trasplante de médula ósea. 

El problema, otro más, es que ni Fidel, ni su esposa, ni su otra hija, son compatibles con la médula del niño. Así que el Hospital solicitó una donación internacional, que pronto dio resultados: encontraron cuatro donantes compatibles. 

“Nos dio mucha alegría cuando nos dieron esa noticia”, cuenta Fidel. 

Pero el júbilo duró poco: el traslado de la médula desde el extranjero hasta México tiene un costo de 50 mil dólares americanos, algo menos de un millón de pesos al tipo de cambio actual. 

Campesino, y además sin un trabajo fijo desde que abandonó Michoacán para trasladarse cerca del hospital de su hijo, Fidel explica que tuvo que mover cielo y tierra pidiendo ayuda a senadores, organizaciones de la sociedad civil, y a empresarios, para reunir en algo más de un año esa semejante cantidad de dinero.

Esta semana, al fin, los doctores le informarán cuándo harán el trasplante de médula a Jesús Francisco. Pero hay otro pero: aunque si bien el niño ya recibió sus quimios relativas al mes de enero, Fidel dice que no tienen garantizado el abasto de los medicamentos para las quimios de este mes de febrero. 

“Necesitamos que los medicamentos se los apliquen con regularidad, y no una vez sí, y otra no -hace hincapié Fidel-. Porque el cáncer no espera a nadie”.

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