Han pasado más de cuatro años desde que Javier Villarreal, el ex todo poderoso funcionario de la administración de Humberto Moreira Valdés se declaró culpable, en una corte de los Estados Unidos, de dos cargos de conspiración para lavar dinero y uno más de conspiración para transportar dinero robado hacia el vecino país. Pese a ello, no ha sido sentenciado aún.

Como se ha publicado a lo largo de estos años, la audiencia en la cual se le dictaría sentencia ha sido pospuesta en siete ocasiones, lo cual se traduce en un hecho concreto: Villarreal permanece en libertad pese a ser un delincuente confeso.

¿Por qué la fiscalía que armó el caso en su contra y negoció con Villarreal su declaración de culpabilidad no parece tener prisa en que se le dicte la sentencia respectiva y se le envíe nuevamente a prisión?

La respuesta precisa solamente la conocen las autoridades texanas encargadas del caso, pero a falta de precisiones debe considerarse la hipótesis de que Javier Villarreal ha seguido negociando con la fiscalía durante este tiempo, usando como ventaja a su favor la información que posee.

¿Y qué información posee Villarreal? Entre los muchos datos, cifras y nombres que el ex Tesorero estatal tiene, la única información que podría resultar importante para las autoridades del vecino país es la relativa a las operaciones de lavado de dinero que él y otros ex integrantes de la administración estatal y/o empresarios asociados a ésta hayan realizado utilizando el sistema bancario estadounidense.

Tal información, que serviría a las autoridades texanas para armar nuevos casos en contra de políticos y empresarios mexicanos, se antoja como la única razón para negociar el mayor tiempo posible en libertad antes de que el juez de la causa dicte la sentencia que implicaría el retorno de Villarreal a una celda en el vecino país.

Al respecto conviene recordar que antes de admitir su responsabilidad en los cargos por los cuales se declaró culpable, Villarreal renunció a la posibilidad de reclamar 6.5 millones de dólares que le habían sido confiscados y cuya procedencia legal no pudo demostrar.

También es importante recordar que, a partir del escándalo suscitado en Coahuila por la irregular contratación de al menos una porción de la “megadeuda”, el ex goberador Interino, Jorge Torres López, fue encausado por las autoridades de Estados Unidos y hoy se le considera prófugo de la justicia de aquel país, tras detectarle millones de dólares que se presume -al igual que el dinero confiscado a Villarreal- fueron robados de las arcas estatales.

¿Fueron Villarreal y López los únicos funcionarios que obtuvieron millonarias ganancias a partir del monumental fraude perpetrado en contra de las finanzas de Coahuila? Parecería ingenuo creer que fue así y por ello es dable considerar la posibilidad de que la información relacionada con sus cómplices ha sido usada por el primero de ellos para prolongar su libertad.

Queda esperar al 8 de enero -fecha de la audiencia para dictar sentencia- para conocer el desenlace de esta historia y, quizás, nuevos nombres de individuos encauzados por la justicia estadounidense.